La corrupción se extiende en Italia y amenaza la recuperación económica

Primero Milán con los sobornos en las obras de la Exposición Universal de 2015; ahora el Mose de Venecia, el faraónico dique móvil que tenía que proteger la ciudad de la marea y que al contrario ha llevado a la cárcel su alcalde, Giorgio Orsoni, junto al antiguo presidente autonómico, Giancarlo Galan, y a otras 33 personas entre políticos e empresarios. Italia tropieza en dos grandes escándalos de corrupción mientras intenta atraer a inversores internacionales para que participen al plan de privatizaciones promovido por el Gobierno. Arrestan al alcalde de Venecia y otras 34 personas por corrupción

La situación, según los fiscales es incluso peor que hace 20 años, cuando el país fue sacudido por el escándalo de Tangentopoli que arrasó a los grandes partidos (empezando por la Democracia Cristiana) y abrió las puertas a la llegada de Berlusconi.

Se trata de una pesadilla para Matteo Renzi, ya que Italia, tras largos años de crisis política y económica, parecía lista para levantar cabeza con tímidas señales de recuperación y unas elecciones europeas que han otorgado al Partido Demócrata (PD) del primer ministro el 40% de los votos, es decir, plena legitimidad para seguir en el camino de las reformas. Es el momento de que Roma, en vez de perseguir a corruptos, aproveche la liquidez que mira hacia el país.

El ministro Padoan acaba de confirmar su plan para recaudar fondos con las participaciones del Tesoro en varias empresas públicas: además de los Correos y de Enav (la agencia que controla el tráfico aéreo), acaba de explicar el ministro, "habrá otras privatizaciones antes del fin de año: hicimos una estimación del 0,7% del PIB para los próximos años y pensamos que esa cifra es válida todavía". Se trataría de 10.000 millones de recaudación sólo para 2014.

Para alcanzarlos el Gobierno necesita el aporte de capitales extranjeros, como ya hizo en los casos de Ansaldo Energia (el grupo de ingeniería participado por la empresa publica Finmeccanica que ha abierto su capital a los chinos de Shanghai Electric) y de Alitalia, la antigua aerolínea nacional que para evitar la quiebra ha tenido que entregar el control a Etihad, recibiendo una inversión de 600.000 millones.

Y es que mientras la liquidez de los mercados facilita las inversiones y las salidas a Bolsa de las empresas públicas, la credibilidad de Italia parece estar en vilo. Si es verdad que la prima de riesgo de la deuda ya no es un problema, los escándalos de corrupción, acaba de subrayar Renzi, "vuelven a afectar a la imagen del país".

Las investigaciones han encontrado graves irregularidades en dos grandes obras publicas, que pretendían ser iconos de la renovación de Italia: de un lado el Mose (sigla que indica el Modulo Experimental Electromecánico) que prometía salvar a Venecia de la marea y que en cambio ha servido -según los fiscales- para desviar más de 20 millones de euros del presupuesto público a bolsillos privados; del otro la Expo de 2015, cuya estructura fue sacudida hace un mes por una investigación que ha llevado a siete detenciones: los fiscales apuntan a la existencia de un grupo que gestionaba las contratas, aplicando sobrecostes y pagando sobornos.

En ambos casos los escándalos salpican tanto a los partidos de derecha, como a la izquierda transalpina del Partido Demócrata. Renzi, que además de primer ministro es secretario del PD, está intentado poner un parche. El primer ministro ha anunciado un fortalecimiento de los poderes de las Autoridad anticorrupción y de su director el antiguo fiscal antimafia Raffale Cantone: su objetivo es dar una señal de cambio y aprobar una nueva ley sobre el tema ya dentro de esta semana.

El plan Mose iniciado en el año 2007 y cuyo objetivo es el de proteger Venecia y sus islas de la marea, ha resultado ser una obra faraónica que ya lleva gastados cinco veces los 1.000 millones de euros que, en un principio, se presupuestaron y nunca ha dejado de generar polémica. Algunos técnicos ponen incluso en duda que llegue a ser eficaz. Según los fiscales, más de 20 millones de euros destinados a la obra podrían haber sido desviados para pagar sobornos a la política local.