Europa

Las prisiones italianas, saturadas, están al borde del colapso

    Interior de la prisión de Regina Coeli. <i>Imagen: Reuters</i>


    Con una vista de las glorias de Roma en la magnífica atalaya de la colina del Janículo, el complejo de viejos edificios situado inmediatamente por debajo y a la izquierda parece una de las cientos de iglesias de la Ciudad Santa; pero la realidad es menos romántica. Interior acusa a Rubalcaba de autorizar cárceles con "dotaciones suntuosas"

    Los edificios forman parte de la histórica prisión de Regina Coeli (reina de los cielos), que se encuentra muy lejos de ser un paraíso para los presos que abarrotan las instalaciones, en unas condiciones que han hecho que alguunos altos cargos italianos hayan admitido que el tema supone una desgracia nacional.

    El Tribunal Europeo para los Derechos Humanos dijo en enero que la superpoblación en las prisiones italianas viola los derechos básicos, y ordenó al Gobierno que pague 100.000 euros a los siete presos que emprendieron el proceso y que solucione el problema en un año.

    El presidente Giorgio Napolitano dijo, a su vez, que la sentencia era una "confirmación mortificante del persistente fracaso de nuestro estado a la hora de garantizar los derechos básicos de los detenidos que esperan un juicio o cumplen una sentencia".

    Por su parte, la ministra de Justicia, Anna Maria Cancellieri, dijo el mes pasado que las prisiones italianas no eran dignas de un país civilizado.

    El grupo de defensa de los derechos de los prisioneros Antigone dice que son las más abarrotadas de la Unión Europea, con una ocupación de más del 142% de capacidad. Hay cerca de 67.000 prisioneros en unas cárceles construidas para 45.000.

    "No pueden posponerse más las decisiones para superar una realidad degradante para los presos y para los funcionarios de prisiones", remarcó Napolitano la semana pasada.

    La aglomeración es resultado de un sistema judicial bizantino y crónicamente lento -la raíz de muchos problemas nacionales- y de años de fracaso para construir nuevos centros de detención por un estado con una economía que atraviesa dificultades.

    El Ejecutivo declaró el estado de emergencia por la saturación de la prisión hace más de tres años y esbozó un plan para gastar 675 millones de euros en la creación de 9.000 nuevas plazas en 11 nuevas prisiones y en ampliar edificios existentes.

    El plan se ha reducido significativamente debido a la profunda recesión que vive Italia. En palabras de Antigone, "hasta ahora, no se ha puesto ningún ladrillo".

    Bloqueado por los políticos

    Napolitano instó también a la rápida aprobación de una nueva ley que reforme el sistema penal para que menos personas sean encarceladas por delitos menores, como proponen Antigone y otros reformistas.

    La ley quedó estancada por la pronta disolución del Parlamento para que las elecciones tuvieran lugar en febrero, desatando un estancamiento político que duró meses.

    Alrededor del 60% de los prisioneros condenados están cumpliendo penas de menos de tres años. Sanciones alternativas como multas, trabajo social y arresto domiciliario son prácticas menos comunes que en otras partes de Europa. "La base del problema de prisión es el código penal", dijo Antigone en su informe anual de 2012.