Europa

Putin usa la lucha contra los corruptos como coartada para reprimir a la oposición

    Vladimir Putin, presidente de Rusia. <i>Imagen: EFE</i>


    Corrupción, ineficacia y desaceleración económica debilitan el régimen de Vladímir Putin. Según Elena Panfílova, directora de Transparency International Rusia, el país sufre una corrupción sistémica. Ésta no es sólo un problema en Rusia sino un mercado que mueve 300.000 millones de dólares al año (según datos del Gobierno) impregnando casi todos los aspectos de la vida. Putin presenta un proyecto de ley que modifica las elecciones a la Duma

    Pero la lucha contra esta epidemia se halla envuelta en polémica. Rusia se ha lanzado a una espiral de violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales. La justicia es empleada como instrumento de disuasión y castigo contra los opositores. El Parlamento ha sancionado normas autoritarias que castigan el disenso definiendo muy vagamente el delito de traición como aquel que consiste en desafiar al orden constitucional.

    Las ONG críticas a Putin son definidas como "agentes de los extranjeros" y las protestas callejeras terminan en fuertes multas pecuniarias y condenas de hasta diez años en prisión. La justicia rusa ha sido ya plenamente "democratizada": el 99 por ciento de los casos penales terminan en duras condenas. Aun cuando quedan en suspenso, los condenados se encuentran inhabilitados para las elecciones y desempeñar cargos públicos.

    Una oposición inefectiva

    El Consejo de Coordinación (CC) de la Oposición es una estructura surgida en septiembre. Sus miembros, elegidos mediante votaciones online, han mostrado hasta ahora una escasa efectividad.

    El CC es quien debería entablar un diálogo político con el Gobierno en nombre de la oposición. Sin embargo, sólo un pequeño círculo de activistas han participado realmente en sus actividades. Los meses transcurridos desde su fundación han estado dedicados a poco más que reuniones para discutir asuntos de organización y declaraciones clave sobre las diferentes iniciativas del Gobierno.

    Como afirma Borís Kagarlitski, director del Instituto para Globalización y Movimientos Sociales, el establecimiento del CC se ha convertido en símbolo del punto muerto en que se encuentran los movimientos surgidos tras las elecciones parlamentarias de 2011. De hecho, la campaña electoral para el organismo opositor comenzó cuando los líderes de las protestas no fueron capaces de fijarse nuevos objetivos y perdieron apoyos.

    La incapacidad del CC para fijar objetivos claros ha llevado a muchos opositores a alejarse de él. Oleg Kashin, conocido periodista y miembro de la estructura opositora, admite que muchos han perdido interés en la organización.

    Mediante investigaciones de sus actividades políticas o económicas el Comité de Instrucción, el brazo judicial de Putin, aísla a los opositores más activos para aplacar su potencial impacto social.

    Un tribunal en Kirov está instruyendo el caso del líder de la oposición Alexéi Navalni acusado de fraude. Navalni, famoso en la generación Facebook, ha venido señalando casos de corrupción en las altas esferas del Gobierno y su partido, Rusia Unida. Sus certeras denuncias alimentaron las masivas protestas callejeras rusas de diciembre de 2011, que convulsionaron el país. A diferencia de lo sucedido en su momento con Mikhail Khodorkovsky, poderoso oligarca que hace ocho años osó desafiar a las autoridades por este tema y terminó en prisión, Navalny es un hombre sin mayores recursos económicos.

    Otro miembro del CC, el activista de izquierdas Serguéi Udaltsov, está en arresto domiciliario, acusado de aceptar dinero de los servicios especiales de Georgia y presuntamente grabado por cámaras.

    El Gobierno aprovecha esta situación. Putin se muestra dispuesto a dialogar pero afirma que "algunas figuras de la oposición están rehuyendo este diálogo". Considera que los oponentes al régimen han fracasado en presentar una agenda constructiva y encontrar líderes.

    A lo anterior vienen a sumarse las divisiones internas. El presidente ruso ha protagonizado en menos de un mes dos arrebatos de ira contra el Ejecutivo. En la segunda reprimenda -por no implementar los decretos de contenido social promulgados por Putin hace un año- el viceprimer ministro encargado del aparato administrativo del Gobierno, Vladislav Surkov, se atrevió a replicarle. Al día siguiente, el jefe del Estado aceptó su dimisión. Surkov ha sido un hombre clave del régimen. Hasta que se integró en el Gobierno en diciembre de 2011 fue un estrecho colaborador del jefe del Ejecutivo ruso y cerebro en la sombra de la política rusa. Se le atribuye la génesis de decisiones relativas al control total sobre los medios de comunicación, el arrinconamiento de la oposición y la creación de grupos juveniles filofascistas como Guardia Joven y Nashi (los nuestros). No obstante, una vez en el Gobierno, Surkov fue leal al primer ministro Medvédev y partidario de una estrategia de desarrollo más liberal.