Tres interventores militares denuncian malversación y fraude en la base aérea de Getafe
Tres interventores militares han presentado un informe pericial en el Juzgado Togado Militar número 12, que investiga la presunta corrupción en la base aérea de Getafe, en el que hablan de malversación de caudales públicos, fraude fiscal y falsedad de documento público en la gestión de los fondos públicos, de acuerdo con la información publicada ayer en el diario El País.
Los peritos señalan que existía una 'caja b' y una trama de facturas supuestamente falsificadas para desviar fondos. A este respecto, PSOE e Izquierda Unida anunciaron que exigirían la comparecencia del ministro de Defensa, Pedro Morénes, en el Congreso de los Diputados para explicar estas supuestas prácticas corruptas.
Desde el Ministerio de Defensa explicaron este lunes que el Ejército del Aire ya denunció en 2011 irregularidades en la gestión de los fondos públicos en la ACAR de esa localidad madrileña. Según explicaron fuentes de Defensa a Servimedia, el Ejército del Aire alertó en 2011 al juzgado de un posible fraude destinado a desviar fondos públicos. En este sentido, señalan que existen unos mecanismos de control y, en el momento en que se detectaron irregularidades, el caso se puso en manos del juez.
Estas mismas fuentes insisten en que el propio Ejército del Aire denuncia los hechos al constatar actuaciones sospechosas y, consecuencia de una investigación, se sanciona al encargado de la gestión económica y administrativa de la base aérea. Asimismo, añaden que los responsables de la base de Getafe y el Ejército del Aire han colaborado con el juzgado, en todo lo necesario, y continúan a su disposición. "Son los primeros que le interesa que se investigue y se tomen las medidas oportunas".
Presiones a la juez
Por otro lado, Militares para la Democracia ha expresado su apoyo a la juez castrense Patricia Moncada Lázaro ante el "acoso institucional" al a que, a su juicio, la están sometiendo las autoridades del Ejército del Aire por investigar el caso.
La titular del Juzgado Togado Militar Territorial número 12 de Madrid denunció presiones en el ejercicio de su labor. Según explicó, el coronel jefe de la base, Francisco Javier Roig, la presionó para que revelase el contenido de la investigación, declarada secreta, tras lo cual ella presentó una queja contra Roig por obstrucción a la Justicia. Esa queja fue archivada por el Tribunal Militar Central, que, en cambio, abrió un expediente disciplinario contra la juez por intentar registrar la base sin informar al jefe de la misma.
En julio del año pasado, Moncada recibió el amparo del Consejo General del Poder Judicial, que pidió el respeto a la independencia judicial y el fin de las presiones. Posteriormente, el pasado abril, el Tribunal Supremo acordó la recusación de los cuatro generales que integran el Tribunal Militar Central para que no actuaran en la denuncia contra ella.
Labor de "profesional independiente"
En opinión de Militares para la Democracia, el trabajo de la juez como investigadora de posibles delitos contra la hacienda militar en la Agrupación del Acuartelamiento Aéreo de Getafe es "encomiable". "Consideramos muy digna de mención su labor de profesional independiente", ha manifestado en un comunicado su portavoz, Juan Manuel Molina Valdés.
Según la asociación, Moncada está sufriendo "acoso institucional" por parte de las autoridades del Ejército del Aire, "especialmente" por parte del jefe del Estado Mayor del mismo y del asesor jurídico al que le han encomendado la defensa de un coronel al que la juez acusa de obstrucción a la Justicia.
"La capitán ha obrado como una funcionaria del Estado y como una juez incursa en una labor de investigación, y por ambas circunstancias es incoaccionable", ha subrayado.
Escaso valor jurídico
Militares para la Democracia considera que la apertura de un expediente sancionador contra Moncada muestra "el nivel de promiscuidad que existe entre el Mando de los Ejércitos, la Intervención Militar y la Justicia Militar".
En este contexto, indica que, debido a que sus recursos de personal del Tribunal Militar Central son "limitados", sus miembros suelen intervenir en la fase de instrucción de casos que luego tienen que analizar como ponentes de sentencias. Así, este tribunal dicta "sentencias de escaso valor jurídico al no haber sido elaboradas por jueces independientes", concluye.