La juez Alaya busca un patrimonio 'oculto' de Magdalena Álvarez para afrontar toda la fianza

La juez Mercedes Alaya puso ayer en marcha la maquinaria judicial para ejecutar el embargo de los bienes de la exministra de Fomento, Magdalena Álvarez, para cubrir la fianza de 29,5 millones que le impuso en marzo por su papel en el fraude de los ERE de la Junta de Andalucía.

La magistrada ordenó el embargo de cinco viviendas en Madrid, Sevilla y Málaga, de su participación en un local comercial en Madrid y de cinco cuentas corrientes -una de ellas en el banco estatal de Luxemburgo, sede del Banco Europeo de Inversiones en el que Álvarez es hoy vicepresidenta-. La imputación de la dirigente socialista en el caso ERE fue ratificada.

El valor de esos cinco inmuebles, como elEconomista avanzó el pasado 5 de mayo, no alcanza los dos millones de euros, es decir, un escaso 7% de la caución. La juez Alaya señala precisamente en su auto de ayer que todos los bienes embargados, incluidos los saldos en esas cuentas, "no se estiman suficientes" para afrontar los 29,5 millones, y por ello ordena que se localicen otros posibles activos de la exconsejera de Hacienda andaluza a través de dos vías.

Dos vías

Primero, ha acordado el embargo telemático "de los saldos bancarios que ostente [Magdalena Álvarez] en todas las entidades financieras adheridas a la plataforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ); y de las devoluciones pendientes de recibir de la Agencia Tributaria". La exministra cobra 23.000 euros mensuales de sueldo base en el BEI.

En segundo lugar, Alaya ordena ir a la busca de más inmuebles "por si los tuviere" para lo cual "se procederá a la averiguación patrimonial integral de bienes mediante la aplicación informática del Punto Neutro Judicial (CGPJ)".

El auto que dicta el embargo es recurrible. Y Magdalena Álvarez tiene recurrido el de marzo en el que se le imponía esa fianza, ya que la considera "abusiva" y "presidida por un fin estigmatizador y punitivo, fin coherente con el juicio anticipado de culpabilidad en que se sostiene pero manifiestamente inconstitucional". Será la misma Audiencia que ratificó su imputación la que se pronuncie sobre la fianza.

El recurso contra la caución, en cualquier caso, señala que esta "no responde a la existencia de indicios sólidos de criminalidad, toda vez que la propia imputación de mi representada está sostenida en sospechas infundadas, errores sustantivos, generalizaciones indebidas y en una inasumible exégesis de la legalidad". Los abogados de Álvarez critican además la "teoría de la confabulación masiva" que defiende Alaya para imputar a la exministra e imponerle dicha fianza.

Sin embargo, la misma Audiencia Provincial, en su auto de la semana pasada, ratifica la línea de investigación de Alaya, que acusa a Álvarez de actuar "en connivencia con otros" para crear en 2003 el método de las transferencias de financiación. Estas transferencias, sin apenas control, propiciaron el fraude y la Audiencia apoya la tesis de que ese método "facilitó" e incrementó el desvío de fondos públicos.