Mas declarará como testigo en el juicio por el asedio al Parlament

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas (CiU), y la presidenta del Parlamento catalán, Núria de Gispert, declararán como testigo en el juicio contra los 20 manifestantes acusados del asedio a la sede parlamentaria que se produjo el 15 de junio de 2011, que se desarrollará en la Audiencia Nacional entre el 31 de marzo y el 3 de abril.

En una providencia dictada este viernes, la Sección Primera de la Sala de lo Penal pide a la Generalitat y al Parlamento autonómico que le comuniquen si Mas, que tuvo que acceder al recinto parlamentario en helicóptero, debe declarar el día 2 o el 3 de abril y solicita, además, que le precisen "el modo y lugar" en que prestará su testimonio.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide cinco años y medio de cárcel para los 20 manifestantes por un delito contra altas instituciones del Estado y otro de atentado contra la autoridad, al considerar que provocaron "un fundado temor en la seguridad" de los diputados que intentaban acceder a la Cámara. Además, reclama que a cada uno de ellos se les imponga una multa de 7.500 euros.

La providencia apunta también que el Parlamento catalán tendrá que designar día para que presten declaración "el resto de los diputados que fueron admitidos como testigos". Especifica que el juicio no finalizará el día 3 y que "en su momento se designarán nuevas fechas para su continuación" y que contará con la presencia de un intérprete de catalán.

La fiscal Teresa Sandoval solicitó la comparecencia como testigos en el juicio de los entonces diputados Antoni Fernández, Montserrat Tura, Joan Boada, Gerard María Figueras, Josep María Llop, Jordi Turull, Alfons López Tena, Ernest Maragall, Ana Isabel Marcos, Salvador Milà y Santi Vila.

Apuntaba en su escrito provisional de conclusiones que los diputados fueron "rodeados e increpados" por grupos de personas que "les impedían el acceso al Parlamento mediante empujones, golpes, lanzamiento de objetos e insultos".

Los acusados, que tuvieron "una activa intervención" en estos hechos, según la fiscal, desarrollaron "comportamientos y actitudes violentas e intimidatorias que tenían por objeto impedir la asistencia de los diputados a la sesión plenaria", que se inició con un retraso de 11 minutos y con la presencia únicamente de 70 de los 135 diputados.