Botella vende cinco edificios de protección oficial a Renta Corporación

Los cinco edificios situados en el centro histórico de Madrid, en el que residen familias con riesgos de exclusión social y que el Ayuntamiento ha puesto en venta según denunciaba hace una semana IU, serán comprados por la empresa catalana Renta Corporación Core Bussines, que pertenece al grupo empresarial Renta Corporación Real Estate de la que es consejero externo Ignacio López del Hierro, marido de Dolores de Cospedal.

En este sentido, Renta Corporación ha garantizado que Ignacio López de Hierro "no ha tenido ninguna participación" como consejero independiente del grupo "ni en el estudio, ni en la negociación, ni en la formalización del acuerdo" para la posible compra de cinco edificios del Ayuntamiento de Madrid.

La empresa ha expuesto en un comunicado que "las operaciones propias de la actividad inmobiliaria de la firma son responsabilidad exclusiva del equipo ejecutivo, al margen del Consejo de Administración, responsable de marcar la política estratégica de la compañía".

"Renta Corporación quiere remarcar que Ignacio López del Hierro, en calidad de consejero independiente de la compañía, no ha tenido ninguna participación ni en el estudio, ni en la negociación, ni en la formalización del acuerdo; así como tampoco la ha tenido ningún otro consejero no ejecutivo", han aseverado.

21 millones a cambio

A cambio de esta operación, el Consistorio recibirá 21 millones de euros, unos 160.000 euros por vivienda aproximadamente. Según recoge Público, las familias han denunciado la presión por parte del Ayuntamiento para que firmen su realojo en otro barrio. "Nos ha llamado Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) con tono amenazante. Nos decían que tengamos en cuenta que si no aceptamos el realojo podríamos quedarnos en la calle".

Para hacer efectivo el contrato, la empresa ha abonado 300.000 euros más IVA (63.000 euros) y debe pagar el resto antes del 18 de enero.

Según el medio citado, la Concejalía de vivienda ha remitido un comunicado garantizando "una vivienda" a todos los vecinos "de similares características y adaptada a sus necesidades". En todo caso, los nuevos arrendamientos tienen una duración de cinco años, de manera que, los vecinos se enfrentan a la incertidumbre de desconocer qué pasará.