El tribunal decide encausar a la cúpula del PP de Camps por financiación ilegal

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) continuará este viernes deliberando sobre si acepta la inhibición parcial de las actuaciones acordada por el juez instructor del 'caso Gürtel' en Madrid, Antonio Pedreira, en relación a los presuntos delitos electorales y de financiación irregular, entre otros, tras no adoptar ninguna decisión este jueves.

Según recoge El País, en la vista celebrada ayer se dejó constancia de los múltiples indicios de que la cúpula del PP valenciano y varios altos cargos del Gobierno de Francisco Camps incurrieron presuntamente en conductas corruptas: dos delitos electorales (financiación ilegal de campañas electorales de 2007 y 2008), cohecho y prevaricación en la adjudicación de contratos a la trama por parte de consejerías de la Generalitat y de la televisión pública autonómica, Canal 9, en este caso con motivo de la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en 2006.

La Sala del TSJCV se reunió en la mañana de este jueves para deliberar sobre si es competente o no para asumir la inhibición acordada en mayo de 2010 y confirmada por la Sala del TSJM el pasado mes de marzo. Al no llegar a una conclusión, este viernes se volverá a reunir.

Pedreira esgrimía en su auto de inhibición parcial que esta decisión estaba encaminada a evitar la prescripción de los supuestos delitos electorales que se desprenden de los informes sobre las pretendidas relaciones entre empresas de Francisco Correa y la Administración pública valenciana.

Conexión de delitos

Además, añadía que la inhibición se realizaba ante la posibilidad de que hubiese una hipotética conexión entre los presuntos delitos que se investigan en Valencia -en relación con el presidente de la Generalitat, Francisco Camps; el exvicepresidente del Consell Víctor Campos; el exsecretario general del PPCV Ricardo Costa y el exjefe de gabinete de Turismo Rafael Betoret- y los investigados en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La inhibición ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV no supone prejuzgar sobre la responsabilidad penal de las personas aforadas y responde a la imposibilidad de que el TSJ de Madrid iniciara proceso alguno contra aforados que no sean de la comunidad autónoma madrileña.