La Junta reconoce la responsabilidad de los exconsejeros en los ERE falsos

Superada por las diligencias de la juez de Sevilla que investiga el fraude en los ERE aprobados en Andalucía desde 2001, la Junta de Andalucía reconoció indirectamente ayer por primera vez que la responsabilidad de este escándalo supera a la dirección general de Empleo. Este departamento, controlado por Javier Guerrero entre 2001 y 2008, ha sido hasta el lunes la línea roja de responsabilidad política y penal establecida por la Junta. Chaves al PP: ¿Detrás de qué humo están los millones de Gürtel?

Pero la imputación del exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, llevó ayer a la portavoz del ejecutivo, Mar Moreno, a señalar: "La responsabilidad principal del caso, no sabemos si la única, está en la dirección general". Esta medida ambigua es la manera de reconocer que las decisiones sobre la inclusión de falsos trabajadores en ERE pueden implicar a varios exconsejeros.

De hecho, preguntada sobre si la Junta prevé que tras la imputación de Fernández se produzca la de su antecesor en la consejería, el hoy senador y presidente del PSOE de Sevilla, José Antonio Viera, respondió con la misma ambigüedad: "Nuestras expectativas penales a día de hoy se quedan aquí". Es decir, con la imputación de Fernández. La imputación de Viera supondría que el caso pasaría al Tribunal Supremo por su condición de aforado.

Informes

Todo ello llevó ayer al PP y a IU a exigir el adelanto de las elecciones autonómicas previstas para marzo de 2012. Dirigentes del PSOE de Sevilla también son partidarios de ello, aunque no lo han expresado públicamente. "No merece la pena comentar" este tema, zanjó Moreno.

En paralelo, también se le interrogó a Moreno sobre los informes de la Intervención General de la Junta de los años 2005, 2006 y 2007, que advertían de que el convenio firmado en 2001 por Viera (entonces consejero de Empleo) y Fernández (entonces gerente del Instituto de Fomento de Andalucía, organismo dependiente de Empleo) para manejar con menores controles los fondos para pagar los ERE prescindía totalmente del procedimiento estipulado. Estos informes, según señala la propia legislación andaluza, han de remitirse al titular de la consejería. Es decir, al propio consejero de Economía y Hacienda, que en 2005, 2006 y 2007 era José Antonio Griñán, hoy presidente.

Moreno no contestó a dos preguntas en este sentido. La actual consejera de Hacienda y entonces viceconsejera ha dicho que los informes, pese a lo que dice la ley, sólo los recibió ella, salvaguardando así a Griñán.

Deseos

Moreno comenzó su comparecencia tras el consejo de Gobierno mostrando su satisfacción porque la juez del caso ha aceptado que la Junta se persone como parte acusadora. "Exigiremos responsabilidades civiles y penales contra los acusados". ¿Y en el caso de Fernández? "Nos pronunciaremos en el momento procesal oportuno", dijo. "Deseamos, y celebraremos, que el señor Fernández pueda defender su inocencia, y lamentaremos que se demuestre su culpabilidad".

La portavoz anunció también que se van a iniciar los trámites para que los 59 intrusos (sobre 146 trabajadores en situación irregular hallados en 32 ERE con derechos de pago vigentes) dejen de percibir su prejubilación. El Gobierno va a recuperar las cantidades ya cobradas por esos intrusos, que Moreno no supo cuantificar.