La banca tendrá cuatro años para usar 24.200 millones en activos fiscales

Los bancos españoles dispondrán de solo cuatro años más en vez de nueve para deducirse con cargo a beneficios los activos fiscales diferidos (DTA) que carecen del aval del Estado si sale adelante la propuesta formulada el miércoles pasado por el Banco Central Europeo (BCE). Dicho colchón asciende a 24.200 millones para el conjunto del sector, si bien la cuantía total afectada dependerá de qué parte corresponde a las entidades en proceso de reestructuración porque el organismo dirigido por Mario Draghi prevé concederles un plazo mayor.

Los activos fiscales diferidos son derechos de cobro generados contra la Hacienda Pública, que históricamente han computado para el colchón de solvencia. Pero, ante la incertidumbre de una imposibilidad de hacerlos efectivos si la entidad no logra beneficios suficientes, las nuevas reglas de Basilea III obligan a su desaparición progresiva del cálculo de recursos propios.

Banca en reestructuración

Para evitar, precisamente, el quebranto que supondrían para el sector su anulación numerosos países regularon a fin de resguardarlos, tales como Alemania, Italia, Alemania, Portugal, Brasil o España.

En una modificación a la Ley del Impuesto de Sociedades, el Gobierno español blindó hace unas semanas buena parte del colchón de la industria. Tuvo que fijar una comisión del 1,5% por el aval a pagar por la banca para despejar dudas y que la Comisión Europea, que había abierto una investigación, no lo considere ayudas públicas.

Gracias a esos cambios normativos en diversos países se han puesto a resguardo 44.287 millones de los 68.464 millones acumulados como activos fiscales por las entidades españolas en los últimos años (41.468 millones de ellos generados en España, donde el Gobierno ha logrado blindar el 65%).

La extinción progresiva introducida por Basilea III afecta, por tanto, a solo 24.207 millones. Estas reglas promulgan su desaparición en porciones del 10% anual hasta su extinción a final de 2024.

Pero el organismo dirigido por Mario Draghi quiere acelerar esta transitoriedad a fin de que las cifras de las entidades europeas sean comparables cuantes antes.

En el documento sometido a consulta del sector hasta el próximo 16 de diciembre, aboga por acortar dicho plazo en cinco años, hasta 2019. Un planteamiento que exime, en cualquier caso, a aquellas entidades en proceso de reestructuración, donde pospone la decisión de reducir o no el plazo a 2020.

En la práctica, la iniciativa del BCE supondría que el próximo año dejarán de computarse el 40% de los DTA no avalados y perderá peso en porciones del 20% anual hasta extinguirse en 2019, frente al 10% que rije con la ley actual.

La iniciativa se incluye en una proposición de Reglamento elaborada por el BCE que persigue eliminar diferencias normativas nacionales para homologar las reglas de la banca europea a fin de que sean comparables sus cuentas y armonizar la supervisión. El borrador, cuya aprobación definitiva se prevé para marzo de 2016, busca rebajar desde 150 a unas 30 las singularidades nacionales.

Aborda aquellas discreccionalidades en las prácticas de los organismos supervisores de diferentes países, pero no entra, al no estar capacitado para hacerlo en las diferencias provocadas por regulaciones estatales.