La administración judicial encuentra patrimonio oculto de Díaz Ferrán

El titular del juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, tiene ya sobre su mesa el informe elaborado por la administración judicial que nombró para analizar el patrimonio y la situación financiera de las sociedades de Ángel de Cabo, el testaferro de Gerardo Díaz Ferrán, antiguo dueño del grupo Marsans.

En este informe, al que ha tenido acceso elEconomista, los administradores judiciales -María del Carmen Fernández, Luis Alberto Arqued y Antonia Magdaleno- concluyen que el presunto liquidador de Marsans ha estado llevando a cabo un vaciamiento patrimonial de sus firmas.

Aún así, han encontrado inmuebles bajo su control, instando a la Audiencia a actuar e iniciar, consecuentemente, un proceso de embargo. Es lo que ocurre, por ejemplo, en Aszendia, la mayor de las sociedades patrimoniales de De Cabo.

Los administradores judiciales aseguran que aunque la sociedad no ha presentado cuentas desde 2010 y no hay vestigio de actividad, "de la contabilidad estudiada se desprende un aumento en el activo y en el pasivo". Según el informe, "diversos escritos obrantes en la presente causa, así como declaraciones de diferentes imputados dejan ver que se ha producido un vaciamiento patrimonial mediante la simulación de préstamos a otras empresas del grupo o a sus administradores".

A pesar de las dificultades para recabar información, tras las consultas realizadas en los registros de la propiedad, la Oficina de Averiguación Patrimonial y la Agencia Tributaria, se han detectado distintas propiedades. "Se concluye que la sociedad Aszendia dispone de inmuebles, por lo que lo que más procedente sería proceder a la realización de los mismos", dice el informe.

Empresas sin actividad

Las maniobras de los testaferros de Díaz Ferrán para alejar el dinero de las manos de los acreedores no se limitaban sólo a esconder activos en paraísos fiscales, como se trató de hacer con el yate Lequar. Según recoge el informe que la Administración Judicial ha trasladado al juez instructor, la red también desviaba los ingresos que generaban negocios del grupo todavía en funcionamiento a firmas sin actividad aparente.

En concreto, el grupo Marsans explotaba centros deportivos municipales a través de la sociedad Traspsa, que en 2004 resultó adjudicataria de la construcción, gestión y explotación de diversas instalaciones deportivas en Talavera de la Reina, Boadilla del Monte, Huelva (Complejo Saladillo), Jerez de la Frontera, Salamanca (Multiusos Sánchez Paraíso y polideportivo Aldehuela) y Madrid (centro deportivo Elvira Fuente del Berro).

Al mismo tiempo, y según explica la Administración Judicial, Trapsa era propietario de Concesiones Prosport, una firma que también resultó adjudicataria de otras dos concesiones administrativas: Construcción, Gestión y Explotación de un centro deportivo en Fuenlabrada y la gestión de las instalaciones deportivas destinadas al pádel en el complejo deportivo municipal Vicente del Bosque en Salamanca.

Durante la segunda mitad 2010, poco después de que Marsans entrara en concurso de acreedores, que finalmente fue declarado culpable, Trapsa y Concesiones Prosport constituyeron una serie de sociedades para transmitir la titularidad de cada una de las concesiones. Unas sociedades que, en su mayoría, no tenían actividad ninguna y, en algunos casos, presentaban un estado de insolvencia. En este punto, la Administración Judicial llamó la atención sobre que las compañías han estado funcionando con una caja única, por lo que "los flujos de ingresos generados por cada unidad de negocio se han destinado a diferentes operaciones del grupo, incluidas aquellas empresas sin ninguna actividad, como es el caso de la mercantil Integra SP", reza el informe. La caja única estaba centralizada en el Centro Fuente del Berro, dado que era la única sociedad que no tenía decretado ningún embargo de los acreedores.

Así, según los datos recabados por la Administración Judicial, en 2012, la sociedad Integra, que no tenía actividad ese año, facturó 1,2 millones de euros que fueron emitidos a distintas firmas de gestión deportiva. Por su parte, el febrero de 2014 se dictó el auto de declaración del concurso de acreedores de Centro Deportivo Fuente de Berro y se bloquearon las cuentas corrientes con 250.000 euros debido a que era la sociedad que centralizaba la caja única. A su vez, la Administración Judicial despidió al apoderado de Trapsa, Julián Clemente, que cobraba 95.000 euros al año como director general de todas las concesiones.

Durante la instrucción de la Operación Crucero, que llevó a la cárcel a Díaz Ferrán, Ángel de Cabo e Iván Losada, el magistrado Eloy Velasco se percató de que testaferros de los imputados estaban sacando fondos de las firmas del grupo Marsans que todavía estaban operativas, por lo que decidió nombrar una Administración Judicial. En este punto, en el último auto, Velasco aseguró que el fundador del grupo de viajes sacó 10 millones de euros de la caja de Trapsatur, la empresa de autobuses turísticos que todavía está en funcionamiento.