Las empresas cotizadas deberán elevar la presencia de mujeres en los consejos

El Ejecutivo ha analizado hoy el proyecto de Ley para la mejora del gobierno corporativo de las empresas, cuya remisión a las Cortes Generales ha sido aprobada este mismo viernes. En directo: así ha sido la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Entre otras cuestiones, contempla que las empresas cotizadas deberán elevar la presencia de mujeres en sus consejos de administración, ya que la reforma de la ley de sociedades de capital, aprobada por el Gobierno obliga a las compañías a fijar un objetivo de representación "equilibrada" para el sexo con menos presencia.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de hoy, el titular de Economía, Luis de Guindos, ha explicado que la comisión de nombramiento y retribuciones de las compañías tendrá que fijar un objetivo de representación y cómo lograrlo.

Política de remuneraciones

De Guindos ha insistido en que el proyecto de ley que ahora se remite a las Cortes Generales busca varios objetivos, entre ellos "dar mayor importancia a las juntas de accionistas", que serán las que aprueben la política de remuneraciones con carácter vinculante, al menos cada tres años.

Y la remuneración, según el ministro, deberá ser razonable, acorde con la situación y la rentabilidad de la compañía a largo plazo, y todas las sociedades tendrán que aprobar la cuantía máxima de las remuneraciones con el visto bueno de sus accionistas.

Esa política de remuneraciones incluirá la cuantía máxima que recibirán los consejeros, el salario fijo de los que cuenten con funciones ejecutivas y también todos los componentes salariales de estos últimos, variables, pensiones e indemnizaciones.

Todo ello siempre con el aprobado de los accionistas, por lo que cualquier modificación, ha advertido De Guindos, no bastará con ser acordada por el consejo de administración de una compañía.

El ministro ha insistido en que el proyecto de ley incorpora modificaciones propuestas por la Comisión de Expertos en materia de gobierno corporativo, creada por acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de mayo de 2013.

En todas las sociedades, los accionistas deberán votar por separado las propuestas y se propondrá extender la prohibición de voto del socio que resulte beneficiado en casos muy claros de conflicto de interés.

Respecto al plazo de impugnación de los acuerdos sociales, éste se amplía de 40 días a un año y se exige, por lo general, al menos el 1% del capital para ejercer este derecho y el 1 por mil en las empresas cotizadas.

En el caso concreto de estas últimas, las principales novedades son que se reduce del 5 al 3% el capital social necesario para ejercer los derechos de minoría.

Se reduce el número máximo de acciones que se podrían exigir para poder asistir a la junta desde el 1 por mil a 1.000 acciones y se establece que las entidades que actúen por cuenta de diversas personas podrán fraccionar y delegar el voto.

También se propone rebajar el plazo máximo en el que los accionistas pueden solicitar información de 7 a 5 días antes de la junta y se establece la inscripción en un registro especial de la CNMV y el cumplimiento de una serie de obligaciones contables y de información para las asociaciones y foros de accionistas.

Por último, cuando en las cotizadas el presidente y el consejero ejecutivo sean la misma persona, se deberá contar con el voto favorable de dos tercios de los miembros del consejo y se tendrá que nombrar entre los independientes un consejero coordinador.

El consejo deberá hacer una evaluación anual de su labor y sus comisiones, y el periodo máximo de cada nombramiento no será superior a 4 años frente a los 6 actuales.

Pago a proveedores

Por otro lado, el nuevo proyecto de ley de sociedades de capital incluye la obligatoriedad para las empresas de publicar en su memoria de cuentas anuales el periodo medio de pago a los proveedores, una medida que asegura que "va en la buena dirección", dado que son "inaceptables" los retrasos que se producen en algunos casos. 

El ministro ha explicado que esta obligatoriedad afecta también a las sociedades anónimas cotizadas, que deberán publicar esta información en su página web, así como a las empresas que no sean cotizadas y no presenten cuentas anuales abreviadas, que también deberán dar cuenta del periodo medio de pago a proveedores en su página web, si la tienen.

Según el ministro, se han producido retrasos importantes en el pago a proveedores entre empresas privadas, por lo que aseguró que las medidas que se han adoptado en materia de administraciones públicas a través de la ley de morosidad es preciso extenderlas al ámbito privado. 

Las empresas que excedan el periodo máximo de pago establecido por ley -30 días en las administraciones públicas y 60 en el ámbito privado- deberán también dar cuenta de las medidas que van a adoptar para cumplir dicho periodo legal máximo.