Patronal cifra en 5.000 mln el coste de liquidar las autopistas quebradas
"El activo pendiente de amortizar en las nueve sociedades es de 5.100 millones de euros con las cifras que tenemos nosotros (...) si vamos a la alternativa de liquidación el coste es de 5.000 millones de euros para el Estado, si vamos a la alternativa de una sociedad pública, el coste sería cero", dijo Julián Núñez en la rueda de prensa anual de Seopan.
Núñez matizó no obstante que el Estado tendría que asumir las expropiaciones pendientes, el principal problema de estas autopistas ya que su coste se ha desviado en casi 2.000 millones de euros.
El Gobierno español lleva casi un año trabajando en la situación crítica de estas autopistas tóxicas. A finales del año pasado, según fuentes conocedoras de la situación, el Ministerio de Fomento buscaba crear una sociedad paraguas controlada por el Estado y con una participación minoritaria para las empresas, pero estos planes fueron frenados en el Ministerio de Hacienda por su posible consideración de ayuda pública en Bruselas y por su eventual impacto en las finanzas públicas.
El responsable de Seopan, que recientemente se ha fusionado con la patronal de autopistas Aseta, confió en que el Gobierno resolviese en menos de un mes un problema que no podría alargarse más allá de junio al acercarse algunas de estas vías a su fase de liquidación.
Núñez apuntó que los accionistas de estas autopistas, entre ellos las principales constructoras y concesionarias del país, dan por perdidos 1.800 millones de euros que se corresponden con desembolsos realizados y los intereses de una deuda que en conjunto asciende a unos 3.600 millones de euros.
"Eso (los fondos propios de 1.800 millones) está perdido ya", dijo, añadiendo que si el Gobierno finalmente liquida las autopistas reclamarían el total de las aportaciones realizadas por los accionistas, que cifró en más de 2.300 millones.
Una portavoz del Ministerio de Fomento no hizo comentarios sobre las declaraciones de Núñez.
En España, las autopistas de peaje son propiedad del Estado y las empresas las explotan en régimen de concesión. Si estas autopistas van a la quiebra, existe la llamada Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), por la que el Estado tiene que trasladar el impacto de los pasivos al déficit público.
Una fuente dijo a Reuters en noviembre que de producirse una quiebra desordenada de estas vías, la deuda computaría como déficit público en el año en que las entidades financieras o un juez reclamasen a la Administración el pago de la RPA.