Bruselas prepara la retirada de derechos de emisión y augura una subida de la luz
Bruselas ha iniciado conversaciones para poder modificar la Directiva europea 2003/87 sobre derechos de emisión con el fin de poder regular la retirada de 900 millones de derechos del mercado y encarecer el coste de contaminar, lo que a su vez provocará una subida de los precios eléctricos, afectará al bolsillo del consumidor y a la competitividad de la industria europea.
En concreto, Lituania, que ostenta actualmente la presidencia de la Unión Europea, ya ha recibido el mandato de los Estados miembros reunidos en el Comité de Representantes Permanentes del Consejo Europeo para que impulse una propuesta sobre cómo regular esta retirada de derechos de emisión, un proceso que se ha conocido como Blackloading y que fue aprobado el pasado mes de julio.
El mercado de emisiones ha tenido una reacción moderadamente optimista, tras este avance para iniciar los trámites para regular la retirada de derechos de emisiones, que busca avanzar en la lucha contra el cambio climático. En concreto, el precio de C02 ha marcado los 4,79 euros por tonelada, con un alza del 4,13% respecto a la semana precedente.
Lituania deberá establecer conversaciones con el Parlamento Europeo y la Comisión Europea porque también se debe modificar el reglamento de subastas de CO2, que entró en vigor este año con el objetivo de dar señales efectivas de precio para conseguir una economía sin emisiones en el 2050.
Sin embargo, el precio del CO2 ha estado hundido durante todo este año, lo que ha motivado la propuesta de retirar del mercado derechos de emisión para encarecer su coste. Los Estados miembros deben decidir ahora su calendario de actuación.
En declaraciones a elEconomista, Iria Flavia Peñalva, responsable de Proyectos de Factor CO2, explicó que previsiblemente la retirada no se producirá hasta más o menos un año.
De momento, los analistas prevén que la retención será de 200 millones de derechos en 2014, 300 en 2015 y finalmente 400 en 2016.
Los pasos que dé Alemania también serán claves en la evolución del precio del CO2, ya que negocia una posición común en materia de cambio climático para los próximos cuatro años. Además, la canciller alemana Angela Merkel anunció su intención de retirar el apoyo a las energías renovables.
Por otro lado, la Comisión está empezando a estudiar y debatir qué sectores van a estar en el periodo 2015-2019 expuestos a la fuga de carbono. Estas instalaciones reciben el cien por cien de la asignación gratuita. Por contra, los sectores que deben pagar ven demasiado dañada su competitividad, ya que van sufriendo un recorte progresivo de sus derechos gratuitos. Así el primer año les dan el 80 por ciento, hasta llegar a 2020 con un 30 de los derechos gratuitos que les pertenecerían.
La intervención del mercado de emisiones con la reducción de derechos salió adelante antes del verano con una votación bastante dividida (344 votos a favor y 311 en contra). Por su parte, el Gobierno español incluso se desmarcó de una petición de 12 países de primer orden de la Unión Europea para apoyar esta intervención.
La medida ha sido rechazada de plano por la industria, que ha sufrido un encarecimiento de la electricidad en los últimos años y que no puede admitir en un incremento adicional.
Por contra, la medida fue acogida favorablemente por las eléctricas. La razón es que en los últimos años han afrontado importantes inversiones para reducir sus emisiones de CO2 ante las exigencias que marcaba Bruselas.
Estas compañías creen en el refuerzo del objetivo de reducción de emisiones de un 40% para el 2030, pero exigen señales efectivas de precio.
En este sentido, la patronal Euroelectric ha señalado que la intervención del mercado es una señal tranquilizadora para las grandes multinacionales, ya que supone que la Unión Europea "mantiene su compromiso con la economía de descarbonización de Europa de la manera más rentable".
Por su parte, expertos del sector consideran que la retirada de derechos de emisión para encarecer su coste es una noticia positiva, pero apuntan que es insuficiente para que el mercado de derechos de emisión sea un instrumento útil para la política energética de la Unión Europea. En su opinión, el blackloading es una primera medida de choque, pero debe acompañarse de medidas estructurales, como la retirada permanente de parte del exceso de derechos de emisión o el establecimiento de objetivos ambiciosos a partir de 2020.