Adicae cifra entre 20.000 y 40.000 los afectados por los bonos Eroski y Fagor
La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) ha cifrado entre 20.000 y 40.000 el número de afectados en España por la compra de las aportaciones financieras subordinadas emitidas por Eroski y Fagor, con una inversión media de 12.000 euros.
El presidente de Adicae en Euskadi y secretario general de esta organización a nivel nacional, Santiago Pérez Beltrán, ha comparecido hoy en la comisión de Salud y Consumo del Parlamento Vasco, a petición de UPyD, para informar sobre estos productos financieros, cuyas ventas se concentraron principalmente en Euskadi.
Ha denunciado que el valor de esas aportaciones era "artificial y por eso intervino la Comisión Nacional del Mercado de Valores", a la que ha acusado de actuar tarde.
Pérez Beltrán ha asegurado que en la documentación facilitada por las entidades bancarias a los clientes "no aparece 'perpetuo' ni 'preferente' por ningún lado", lo que supone "un fraude en la contratación".
Fraude parecido al escándalo de las preferentes
Ha reconocido que hay diferencias entre las participaciones preferentes de algunas entidades bancarias y estas aportaciones financieras subordinadas, aunque ha asegurado que "la casuística y los abusos son idénticos".
Ha denunciado que esos bonos se "colocaron" de forma masiva, no se limitaron a los "inversores cualificados", que a los compradores no se les facilitó toda la información y que éstos "realmente no sabían lo que tenían".
"Ésta es la clave: (los compradores) pensaban que podían recuperar su dinero en 24 o 72 horas", ha expuesto Pérez Beltrán, quien ha reconocido que en el momento de su comercialización sí se cumplían esos plazos porque un nuevo inversor ocupaba el lugar del saliente. Sin embargo, eso no ocurre ahora con lo que los consumidores no pueden recuperar el dinero.
El responsable de Adicae ha defendido "una solución global para un problema global" en lugar de solventarlo caso por caso y ha expresado su preferencia por que dicha solución sea "extrajudicial", que no implique necesariamente la amortización de esos bonos ni obligue a la entidad a recapitalizarse.
En esa misma comisión han intervenido varios compradores de estos bonos, entre ellos, Marisol Martínez que ha estimado en unos 30.000 los afectados por este "fraude sin parangón en Euskadi", donde se concentran, ha dicho, la mayoría de ellos.
Martínez, una de las promotoras de la recién constituida asociación de afectados vascos, ha denunciado que estas dos empresas del Grupo Mondragón obtuvieron "una financiación muy barata", 875 millones (660 Eroski y 185 Fagor), ya que "valiéndose de la plena confianza de sus clientes" les vendieron "aportaciones como si fuera un plazo fijo".
Según ha dicho, la entidad bancaria aseguraba que se trataba de "capital garantizado" y que el dinero podía recuperarse en el plazo de 24 o 72 horas "omitiendo la palabra perpetuidad", con lo que "no daban lugar a sospecha alguna".
Por ello, se siente "engañada" por las entidades bancarias, especialmente con Caja Laboral e Iparkutxa por pertenecer al Grupo Mondragón, contra quien su agrupación ha iniciado "un boicot activo".
Además, ha pedido al Parlamento que "ponga sus recursos jurídicos en acción" para que los afectados puedan recuperar su dinero y que se derogue la modificación de la Ley de Cooperativas del año 2000 para impedir que sigan vendiendo aportaciones.
Con motivo de esta comparecencia, afectados por la compra de estas aportaciones financieras subordinadas se han concentrado frente al Parlamento Vasco.