Simancas advierte de los "riesgos" de publicar las balanzas fiscales
En su artículo semanal de la página web de la Fundación Sistema, de la que es subdirector, Simancas sostiene que "se equivocarán gravemente quienes pretendan extraer conclusiones para la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica a partir de los datos contenidos en tales balanzas".
Bajo el título "¿Balanzas? sí, las de la Justicia", el diputado expone los riesgos que, a su juicio, tiene la estadística de las balanzas -que explica el dinero que cada Comunidad aporta al Estado y recibe de éste- y asegura que el "equipo económico del Gobierno es consciente de esos riesgos derivados de la previsible utilización torticera que algunas instancias pueden hacer de dichas cifras".
Según Simancas, el primer riesgo tiene que ver con la propia formulación de los datos, ya que "las pretendidas balanzas fiscales van a reflejar necesariamente un absurdo, porque los territorios no tributan. Quienes pagan impuestos son los ciudadanos y las empresas", argumenta.
"¿Tendrán en cuenta estas balanzas que muchas de las empresas que más tributan han establecido sus domicilios sociales y fiscales en las grandes capitales, a fin de beneficiarse de la cercanía a las instituciones de control y regulación? ¿Se considerarán las razones históricas que han llevado a muchas de las grandes empresas a utilizar recursos naturales y mano de obra en unas regiones y a pagar sus impuestos en otras?", se pregunta.
El segundo riesgo, según Simancas, es que "algunos quieran constatar supuestas balanzas fiscales negativas para reclamar más recursos de los que les corresponden" bajo la premisa: "si yo y los míos pagamos más que otros, también queremos recibir más que otros".
El diputado opina que "tales pretensiones son inaceptables, porque contravienen la Constitución y los principios de solidaridad, cohesión e igualdad que han de presidir la configuración territorial del Estado".
En este sentido, aboga por que la negociación para la reforma del sistema de financiación autonómica se lleve a cabo "independientemente del nombre (de cada Comunidad), de su nivel de autogobierno, de la capacidad de influencia política de su gobierno autonómico y de su balanza fiscal".
"Vivimos en una España plural, y la pluralidad social, cultural y lingüística nos enriquece a todos. Pero quienes pretendan utilizar la diferencia para legitimar el privilegio van a toparse con la Constitución y con la firme voluntad igualitaria de los españoles, expresada claramente en la mayoría parlamentaria que surgió del 9-M", concluye Simancas. EFECOM
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