Los barones del PP se enfrentan a Soria por el frenazo a las renovables

Galicia y Extremadura se suman a Canarias al presentar un recurso ante el Constitucional. Los presidentes regionales buscaron con Industria un intento de acuerdo en junio.

El Partido Popular afronta una profunda batalla interna a costa de las energías renovables. Dos de los principales barones regionales, el presidente de Extremadura, José Antonio Monago, y el de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, han decidido plantar cara al ministro de Industria, José Manuel Soria.

Ambos gobiernos regionales han olvidado las consignas de partido y han presentado ante el Tribunal Constitucional un recurso contra el Real Decreto 1/2012 que imponía el parón de las energías renovables en España. Alguna de estas comunidades, de hecho, ya anunciaron una reunión con el Ministerio cuando se aprobó la medida que nunca llegó a celebrarse, pero que se ha discutido en pequeños encuentros bilaterales entre el Ministerio y las autonomías durante el pasado mes de junio.

A los barones regionales del PP se ha sumado tambien el Gobierno canario, presidido por Paulino Rivero -de Coaliación Canaria- que mantiene un duro enfrentamiento con el ministro por las exploraciones petrolíferas de Repsol y por su constante campaña política en la región, con lo que se da por cerrado el número de recursos ya en el Constitucional, puesto que el plazo para recurrir la moratoria finalizó el pasado 28 de octubre.

Empleos en riesgo

La medida adoptada por el Gobierno supone un riesgo de pérdida de empleos total de 36.800 personas y una inversión de 18.000 millones de euros para poner en marcha instalaciones con una capacidad de 10.500 MW, según las cuentas realizadas por las diversas patronales de renovables, así como por varios Gobierno regionales.

El presidente gallego en funciones, Alberto Núñez Feijóo, anunció su decisión de presentar el recurso con mucha cautela. Sabe que se juega 6.000 millones de inversión en su región y, por ese motivov, indicó que comparte la necesidad de solucionar el "heredado" problema del déficit tarifario, que considera que podría llegar a los 40.000 millones en 2020.

Por ese motivo, explicó que no son razonables las primas indiscriminadas a sectores de dudosa eficiencia. Sin embargo, añadió que la Xunta tiene "discrepancias" con el Ejecutivo por la eliminación de forma temporal de las primas sin discriminar entre las que son "eficientes" y las que, en su criterio, no lo son.

Núñez Feijóo defiende que el Gobierno debería haber hecho una regulación por tecnologías, ya que en su comunidad autónoma, la eólica, la cogeneración y la biomasa son "eficientes", algo que no ocurre con la fotovoltaica y la termosolar.

Entre los motivos jurídicos para recurrir al Tribunal Constitucional, la Xunta aprecia la "incertidumbre" que genera la norma al suspender de modo temporal las primas, lo que produce una invasión de competencias autonómicas al impedir la planificación del sector.

Además, el Gobierno gallego -el que más se juega con esta moratoria- entiende que la normativa "no justifica adecuadamente" la suspensión de las primas a todas las energías y alude a por razones económicas, ya que considera que el parón tiene un "impacto económico limitado en el corto plazo" y la aplicación del decreto "carece de efecto en el déficit estructural de cada año y en el acumulado".

Discrepancias cordiales

La Xunta, no obstante, quiso tirar la piedra y esconder la mano cuando aseguró que comparte la política energética del Gobierno y ha dicho que comprende "la dificultad de paliar el déficit tarifario", aunque no esté de acuerdo en "cómo se hace", y por eso: "planteamos discrepancias cordiales".

En la misma línea se pronunció el Gobierno extremeño, que tambien presentó un recurso ante el Constitucional por el perjuicio que supone para los intereses de la región y cumple así el mandato del Parlamento extremeño, que solicitó la presentación del mismo.

El Gobierno extremeño ha adoptado esta decisión tras el informe recibido del Consejo Consultivo de Extremadura, que entiende que en dos de las tres cuestiones planteadas hay visos de inconstitucionalidad.

El consejero extremeño ha recordado que en el momento de la suspensión de las primas había unos 70 proyectos en marcha en la región, y ha asegurado que con la presentación de este recurso de inconstitucionalidad se pone de manifiesto que este Ejecutivo "no se pone de perfil, sino que ejecuta lo que anuncia" cuando entiende que se vulneran los derechos de los extremeños.

La viceconsejera de Industria y Energía de la comunidad autónoma, Francisca Luengo, indicó que la paralización de los proyectos conllevaba la pérdida de 600 millones de euros en inversiones y de entre 5.000 y 6.300 puestos de trabajo.