Repsol denuncia a YPF por violar la ley del mercado de valores de EEUU
La petrolera no dejará pasar por alto la expropiación de YPF y por ello luchará en todos los ámbitos necesarios para que se le indemnice por esta expropiación. El último paso ha sido una ampliación de denuncia en el Juzgado del Distrito Sur de Nueva York contra la nueva dirección de la compañía argentina por haber "incumplido deliberadamente sus obligaciones" frente al regulador bursátil estadounidense, SEC en sus siglas en inglés.
En la demanda, presentada el 5 de julio, a la que ha tenido acceso elEconomista, Repsol explica como, tras la nacionalización, el Estado argentino se convirtió desde el mismo momento de su publicación en el nuevo propietario del 51 por ciento de la petrolera. Tal como consta en la normativa del regulador, al haberse hecho con más de un 5 por ciento del capital, la nueva dirección de YPF estaba obligada a presentar el formulario denominado 13-D, en el que debía indicar qué participación tiene en la sociedad cotizada y qué planes tiene en relación con la misma, así como la política de dividendos, pero los nuevos responsables no lo hicieron.
Sin haber presentado este documento, los accionistas no pueden tomar decisiones respecto a inversiones o sobre empresas participadas. "El daño permanente a los inversores de YPF se ve agravado por las importantes acciones corporativas que Argentina ha tomado durante el período de su incumplimiento", apunta la denuncia.
El documento pone énfasis en que el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner "promulgó la Ley de Expropiación el pasado 7 de mayo y aún no ha atendido los requerimientos" de la SEC. Es más, los nuevos gestores de la petrolera (con el ministro de Planificación, Julio de Vido, a la cabeza) han reconocido en un escrito al regulador que no cumplen con los requisitos para seguir cotizando en la Bolsa de Nueva York.
Además se han pedido dos prórrogas para la presentación de los estados financieros de la petrolera, hasta que se celebre la nueva junta de YPF, la cual está prevista para el próximo 17 de julio.
El problema principal es que a menos de un mes para esta asamblea, donde se deberá aprobar la política de dividendos, el Estado argentino "no ha desvelado cuáles van a ser sus planes respecto a la retribución al accionista".
Según Repsol, con esta maniobra Argentina "priva al inversor de la información necesaria para poder formarse una opinión fundada sobre cómo debe votar en la próxima asamblea". Hay que recordar que la petrolera cuenta aún con un 6 por ciento de su participación (se expropió el 51 por ciento del 57 por ciento de su presencia en el grupo), más otro 6 por ciento de la parte ejecutada al empresario argentino Enrique Eskenazi por incumplir el pago de su deuda asociada el crédito concedido para entrar en YPF. Asimismo, en el accionariado del grupo argentino han quedado atrapados fondos de inversión estadounidenses, que también han tomado medidas y que ahora desconocen la política de gestión, al tiempo que "están siendo privados de información relevante".
Incertidumbre sobre la junta
Los nuevos gestores de YPF se han limitado a replicar el mismo orden del día de la junta que debía haberse celebrado el pasado 25 de abril, la cual se desconvocó tras la nacionalización. En este orden del día se incluye la política retributiva del consejo, las cuentas de 2011 y el dividendo propuesto por el anterior consejo de administración de la compañía, que desató el enfrentamiento directo con Kirchner, al ofrecer un dividendo en acciones a través de una ampliación de capital liberado por un importe de hasta 5.789,2 millones de pesos argentinos (unos 1.003 millones de euros).
La dirección de YPF, lejos de ofrecer algún tipo de explicación, tan sólo afirma que en función de la nueva política del grupo "esta retribución no parece adecuada en estos momentos", con lo que previsiblemente votará en contra de todos los puntos.
La denuncia de Repsol insiste en que Argentina tampoco comunicó a la SEC "los planes relacionados al cambio de manos" de YPF, tal como requiere la normativa bursátil estadounidense, sino que se limitó a presentar un escrito donde aparecía parte del decreto promulgado por Kirchner.
No obstante, según la petrolera española este decreto contraviene la propia legislación nacional, en cuanto que recoge que una nacionalización debe conllevar un previo pago. El escrito recuerda que "uno de los propósitos fundamentales de las leyes de valores de Estados Unidos es asegurar la plena divulgación de información relevante para el beneficio de los inversores", algo que, a la luz de los acontecimientos, no se está cumpliendo pude llevar a YPF fuera de Wall Street.