Bruselas investiga las ventajas fiscales en España a cooperativas agrarias
Varias direcciones de la CE están estudiando las ventajas fiscales concedidas en España a las cooperativas agrícolas, aunque no "hay una decisión todavía y no se espera hasta dentro de un mes o dos", según las fuentes.
En concreto, ha sido la dirección de Agricultura de la CE quien ha preparado un proyecto, pero ha suscitado discrepancias dentro del Ejecutivo comunitario, con otras direcciones e incluso el asunto se podría mezclar con futuras decisiones que afecten a cooperativas en otros países.
Por ejemplo, la dirección de Competencia está tratando de distinguir entre el trato y las ventajas fiscales a "cooperativas pequeñas y grandes", mientras que desde la dirección de Agricultura abogan por un tratamiento igual para este tipo de sociedades, sean del tamaño que sean, según varias fuentes.
Las cooperativas agrarias españolas están haciendo gestiones y se han dirigido a todos los ministerios implicados (como Agricultura, Economía y Hacienda) para tratar de "parar" el proyecto de la CE.
Las medidas que estarían en juego afectan a los impuestos sobre sociedades, transmisiones patrimoniales, bienes inmuebles y en general todo el régimen fiscal vigente para las cooperativas agrarias españolas, que podrían llegar a considerarse ayudas de Estado contrarias a la ley comunitaria.
En el supuesto de que la propuesta de la CE saliera adelante, Bruselas instaría a España a reformar su legislación sobre ese régimen y la normativa española afectada repercutiría también en otras cooperativas, como las pesqueras o de trabajo social.
La CE podría dar un plazo de dos meses y esto afectaría también a legislación de algunas comunidades autónomas.
El origen de esta investigación está en una decisión del Gobierno español, del año 2000 que permitió a las cooperativas agrarias y pesqueras la comercialización de gasóleo, con ventajas fiscales, para paliar el incremento de precio que sufrieron los carburantes ese año y que provocó grandes movilizaciones en el sector agrícola.
La Comisión declaró en 2002 que esas medidas eran compatibles con la UE.
Sin embargo, las estaciones de servicio de Madrid y Cataluña las impugnaron ante el Tribunal de Primera Instancia de la UE, quien dio la razón a las gasolineras.
Desde la Confederación Española de Cooperativas Agrarias (CCAE) han asegurado que por ese motivo, los servicios de la CE han reaccionado preparando "una propuesta que como consecuencia del conflicto por la distribución de gasóleo está poniendo en tela de juicio todo el sistema fiscal para las cooperativas españolas".
CCAE considera que el proyecto que está estudiando ahora el Ejecutivo de la UE es contradictorio con el dictamen de la CE de 2002 y con otros informes suyos en los que reconoce que las ventajas fiscales de las cooperativas "compensan las restricciones" a las que se ve sujeta este tipo de sociedad.
Por ejemplo, una cooperativa se ve obligada a tener fondos de reserva, que no puede repartir a sus socios, al contrario que otras empresas o sociedades anónimas.
Según CCAE, el proyecto de la CE responde a la campaña de un sector (gasolineras), pues las cooperativas suministran a sus socios otros productos, como fertilizantes, sin que haya habido problemas con ese sector puesto que el objetivo no es el de lucro de la cooperativa.
Por otra parte, la CE está investigando el trato a las cooperativas en Francia e Italia y dado que el caso español es el más "adelantado" podría servir para los de los otros dos países, en los que también entran sectores como la distribución.
Las cooperativas agrarias españolas, unas 4.000, facturan al año 17.000 millones de euros; de ellas, 800 distribuyen carburante. EFECOM
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