Huelgas y protestas contra la nueva ley de los funcionarios lusos
El ministro portugués de Finanzas, Fernando Teixeira dos Santos, explicó que en los dos últimos años la Administración Pública se redujo ya en un 5 por ciento con la salida de 40.000 trabajadores y va por buen camino la promesa de "adelgazar" el sector público en 75.000 personas.
Cuando concluya la presente legislatura, dentro de un año y medio, el Gobierno aspira a que haya poco más de 670.000 funcionarios en Portugal, que tiene 10 millones de habitantes.
Esta política ha supuesto un ahorro cercano a los 800 millones de euros a las arcas públicas después de que hayan salido del Estado unas 61.000 personas y sólo se firmasen cerca de 21.000 nuevos contratos entre 2006 y 2007, según datos oficiales.
El sindicato portugués de funcionarios públicos Frente Común anunció una semana de protestas contra la nueva ley y la reforma administrativa del Gobierno socialista de José Sócrates, que concluirá el 14 de marzo próximo con una huelga.
A las protestas, que siguen a otras secundadas en los últimos dos años, se ha sumado también la Federación Nacional de Profesores e incluyen concentraciones sectoriales y una manifestación general de trabajadores de la Administración Central.
El sindicato de los funcionarios explicó que sus acciones tienen como objetivo la defensa de la revisión salarial y protestar por la facilitación del despido, la dificultad de conseguir promociones profesionales y el aumento de la edad de jubilación.
La convocatoria de la semana de movilizaciones se produjo después de que el presidente de la República, el conservador Aníbal Cavaco Silva, promulgara el miércoles, con objeciones, la nueva ley de la función pública, que el Gobierno modificó en algunos aspectos por indicación del Tribunal Constitucional.
Cavaco Silva, que había enviado la ley al Tribunal al tener dudas de la legalidad de varios de sus puntos, optó por promulgar el documento pero expresó varias críticas a su contenido.
En opinión del jefe del Estado, la ley contiene "soluciones poco claras" que pueden provocar conflictos en el sector público y una dependencia "excesiva e injustificada" del Estado del sector privado por la firma de contratos de prestación de servicios.
Entre otros cambios, la nueva legislación anticipa de 36 a 33 el número de años trabajados necesarios para poder acceder a la jubilación anticipada, aunque se mantiene la penalización del 4,5 por ciento por cada año que se adelanta.
A partir de 2009 no habrá una edad mínima de retiro y el régimen público pasará a ser igual que el privado, por lo que se podrán jubilar anticipadamente los funcionarios con 30 años de servicio y con una edad superior a los 54 años.
Facilita, además, la salida voluntaria de los funcionarios, fija que los ascensos dependerán de los méritos y no de la antigüedad, reduce a tres los más de mil tipos diferentes de carreras profesionales existentes y simplifica la infinidad de tablas salariales actuales.
El Gobierno no quiso valorar las críticas manifestadas por el presidente de la República a la ley y se limitó a felicitarse de los resultados de su política para reducir el número de funcionarios públicos.
Pero las medidas económicas aplicadas por el Ejecutivo de Sócrates han provocado, desde su victoria por mayoría absoluta en las elecciones de febrero de 2005, varias manifestaciones y protestas, incluida la primera huelga general contra un Gobierno socialista desde la restauración de la democracia en 1974.
La huelga del próximo 14 de marzo es la tercera que convocan los sindicatos del sector público en los últimos meses, después de que en noviembre de 2006 y 2007 realizaron paros contra la subida de los salarios por debajo de la inflación. EFECOM
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