Los conservadores griegos suavizan su demanda de elecciones
El pulso político sobre la fecha de las elecciones, previstas de forma preliminar para el 19 de febrero, ha complicado los esfuerzos para para cerrar un acuerdo sobre un plan de rescate de 130.000 millones de euros, que incluye un intercambio crucial de bonos con acreedores del sector privado.
En una declaración tras una reunión entre Papademos y el líder de Nueva Democracia, Antonis Samaras, un portavoz del partido no hizo referencias a una fecha electoral, pero dijo que el Gobierno debería poder completar sus compromisos de reformas.
"Está claro que lo que se ha acordado entre los líderes políticos aún vale, lo que significa que el cumplimiento de la tarea del Gobierno y principalmente el intercambio de bonos y el nuevo programa económico que salvaguarde la viabilidad de la deuda griega", indicó el portavoz de Nueva Democracia Yannis Michelakis.
Papademos, ex banquero central nombrado para asegurar el acuerdo de rescate, se está apresurando para completar reformas fiscales, de pensiones y justicia.
Según las leyes electorales griegas, el Parlamento tendría que disolverse a mediados de enero para celebrar elecciones un mes después, como se había acordado. Eso dejaría a los legisladores que vuelven el 10 de enero de sus vacaciones de Navidad unos pocos días para aprobar leyes pendientes y acordar el rescate.
Los socialistas y el partido de extrema derecha LAOS, ambos en la coalición del Gobierno, han dicho que Papademos necesita más tiempo y él mismo ha dicho que no se verá anclado por la fecha de febrero.
"Tenemos que dejar gobernar a Papademos", dijo a la prensa el líder de LAOS George Karatzaferis. "Febrero es un buen mes para el Carnaval pero no para las elecciones".
Nueva Democracia, otro socio de la coalición que tiene una gran ventaja en los sondeos de opinión, había insistido en atenerse a la fecha de febrero acordada antes de que Papademos fuera elegido como sucesor de Georgios Papandreu en noviembre.
DESACUERDOS
Los bancos y fondos de inversión han estado negociando con el Gobierno durante semanas los términos de un acuerdo en el que aceptarían un descuento nominal del 50 por ciento sobre sus tenencias de bonos griegos, a cambio de una mezcla de efectivo y nuevos bonos.
El acuerdo pretende reducir la deuda griega en 100.000 millones de euros, permitiéndole llevarla del 160 por ciento del Producto Interior Bruto a un porcentaje aún enorme pero más manejable, el 120 por ciento, para 2020.
La llamada Implicación del Sector Privado (PSI, en sus siglas en inglés) es un elemento central del paquete de rescate, pero Grecia necesita urgentemente evitar una bancarrota que podría desestabilizar toda la zona euro.
Las conversaciones sobre la PSI se han visto obstaculizadas por los desacuerdos sobre el coste real que tendrán que soportar los inversores, aunque factores como el cupón y la madurez de los nuevos bonos, y sobre su condición de acreedores en caso de suspensión de pagos.
El viceministro de Finanzas, Yannis Mourmouras, dijo al diario Imerisia que aún hay una seria discrepancia sobre varios aspectos importantes, como el cupón asociado a los nuevos bonos y la recapitalización del sistema bancario.
La cercanía de las elecciones ha puesto en una situación incómoda al Gobierno, que se enfrenta no sólo a las negociaciones de la PSI sino a las más amplias reformas demandadas por la "troika" formada por la UE, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional.
Está previsto que los inspectores de la troika regresen a Atenas entre el 15 y el 20 de enero, para comprobar el progreso en reformas y medidas de austeridad.
/Por Harry Papachristou/