Economía/Empresas.- La CE pide a España y a Cataluña que eliminen las restricciones a la apertura de grandes superficies
BRUSELAS, 17 (EUROPA PRESS)
La Comisión Europea lanzó hoy un ultimátum a España y a Cataluña para que eliminen las restricciones legislativas a la apertura de grandes superficies comerciales al considerar que no respetan la libertad de establecimiento consagrada en el Tratado. El ultimátum adopta la forma de un dictamen motivado, segunda fase de un procedimiento de infracción. Si el Gobierno español y el catalán no modifican las respectivas normativas nacional y autonómica en un plazo de dos meses, el Ejecutivo comunitario podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.
Bruselas decidió investigar la compatibilidad de las legislaciones española y catalana con el derecho comunitario tras recibir una queja de distribuidores de varios Estados miembros que denunciaban que las reglas obstaculizaban su libertad de establecimiento. El expediente se lanzó en julio de 2004 y se completó en julio de 2006 a raíz de nuevas denuncias por la modificación de la legislación catalana.
El Ejecutivo comunitario considera que las normativas española y catalana -que prevén un procedimiento de autorización para nuevas aperturas y, en el caso catalán, una serie de documentos de planificación para la implantación de superficies comerciales- tienen un "efecto particularmente restrictivo" y no respetan el artículo 43 del Tratado sobre libertad de establecimiento.
Bruselas reconoce que los objetivos de protección del medio ambiente y del urbanismo o de ordenación del territorio constituyen motivos de interés general que podrían justificar restricciones a las libertades fundamentales garantizadas por la legislación comunitaria.
No obstante, señala que en cualquier caso las legislaciones española y catalana "no son justificadas ni proporcionadas a los objetivos de interés general perseguidos". En particular, la Comisión subraya que estas normas obligan a un "procedimiento particularmente complejo y restrictivo", se apoyan en gran medida "en consideraciones de naturaleza económica como la existencia de una necesidad de mercado o el impacto de la implantación sobre los comercios existentes", y fijan criterios "insuficientemente previsibles y objetivos".
En el caso catalán, Bruselas critica especialmente que se permita la participación de representantes de intereses económicos ya presentes en el proceso de decisión.