Argentinos boicotean compra de tomates, convertidos casi en artículo de lujo
Buenos Aires, 8 oct (EFECOM).- En medio de polémicas sobre la inflación "real" del país, asociaciones de consumidores de Argentina comenzaron hoy una semana de boicot a la compra de tomates, cuyo precio acumula un alza del 49,4 por ciento en lo que va del año.
Bajo el lema "no pague de más, evite la especulación", el boicot apunta a que el Gobierno "garantice" el precio oficial del kilo de tomates, de 3,99 pesos (1,25 dólares), frente a los 15 a 18 pesos (4,7 a 5,6 dólares) que cuesta en verdulerías y tiendas.
En Buenos Aires, la campaña comenzó con un acto en el barrio de San Telmo, en el centro histórico de la capital argentina, donde activistas de todas las asociaciones de consumidores del país regalaron a la gente un tomate y calcomanías con consignas contra el abuso en los precios.
Al boicot se han unido las cadenas de supermercados chinos, que han retirado al tomate de las góndolas de venta en los 600 locales que tienen en todo el país.
La campaña de los consumidores coincide con renovadas denuncias de la oposición sobre la presunta manipulación a la baja de los indicadores oficiales de inflación, un asunto que está atizando la campaña para las elecciones presidenciales del 28 de octubre próximo.
Los productores de tomates sostienen que ellos son los primeros perjudicados y que el precio del producto se disparó por una fuerte caída de la producción por las bajas temperaturas y condiciones climáticas que echaron a perder los cultivos.
El estatal Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), cuyos informes están bajo investigación judicial ante las denuncias de "maquillaje" de datos, señaló en su informe sobre la inflación de septiembre que el precio del tomate es de 3,99 pesos, cuando el precio real puede llegar hasta 18 pesos.
Según el INDEC, la inflación en septiembre fue del 0,8 por ciento, cuatro puntos porcentuales menos que lo calculado por analistas privados, y la de los primeros nueve meses del año del 5,8 por ciento, cuando consultoras privadas, entre ellas Economía y Regiones, sostienen que el índice superó el 10 por ciento.
Desde mediados de año, un juez federal investiga la presunta manipulación a la baja de los datos del Indec, a raíz de denuncias de los trabajadores del organismo y dirigentes de la oposición. EFECOM
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