"En la demanda a Alfredo Sáenz sólo queríamos recuperar nuestro honor"
Un euro y la recuperación de su honor es la motivación por la que Pedro Olabarría Delclaux y los hermanos Luis Fernando y José Ignacio Romero García han mantenido viva la demanda, que de fallarse por el Tribunal Supremo a su favor podría acabar inhabilitando al actual consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz.
"Sólo queríamos recuperar el honor y el prestigio, por eso pedimos un euro de indemnización", han señalado los demandantes a fuentes cercanas a elEconomista. El propio Olabarría ha reiterado en sus declaraciones judiciales que con ellos, que eran accionistas minoritarios y no habían avalado los créditos del Grupo Harry Walker, se intentó enviar un aviso a quienes en 1994 tenían deudas incobrables con Banesto y ha denunciado que "con la querella no se pretendía resolver el problema, sino que viéramos que podíamos ir a la cárcel si personalmente no pagábamos, como así sucedió, quebrantándose el prestigio que teníamos en Barcelona, máxime cuando todo salió en la prensa".
De todas formas, si se ratifica la sentencia del Tribunal Supremo, tal y como se ha filtrado, la felicidad no será total para los demandantes, ya que en su querella inicial solicitaban penas para todos los acusados por estafa procesal, lo que hubiese supuesto más años de prisión y de inhabilitación, pero la Audiencia Provincial de Barcelona lo descartó en su sentencia de 2009.
Inversores y consejeros
Miembros de la más tradicional burguesía catalana y dedicados a la inversión empresarial y financiera, con más de 70 años cumplidos cada uno, si bien consideran culpable del encarcelamiento que sufrieron en 1995 al corrupto ex juez Estevill, no han dejado de pensar que el origen de sus males estuvo en la falsa querella presentada por Banesto.
Olabarría proviene de una destacada familia empresarial de origen vasco. Ha sido consejero de sociedades financieras, industriales inmobiliarias, textiles, y hoteleras, como NH o en la papelera Torras Hostench. Con los Romero, que invertían mediante sociedades patrimoniales como Crefica, inversiones Gallardo o inmobiliaria Gallardo coincidieron en muchas operaciones como Harry Walker, del que poseían el 20 por ciento de la matriz, o Diseño de Contenedores y Embalajes, una de las grandes empresas de envases de papel y cartonaje ondulado de España.
Por el contrario, Modesto González Mestre, empleado de Harry Walker que ejercía como administrador de las sociedad filiales del holding, sufrió secuelas psicológicas tras la detención y fue tratado por especialistas, por lo que ha solicitado indemnización por 206.000 euros, de los que la Audiencia Provincial de Barcelona aceptó reconocerle sólo 100.000 euros.
La primera actuación judicial acabó con la condena penal al ex juez Estevill y a su red de extorsión. En esta acción participaron otros inversores minoritarios de Harry Walker, que si bien estaban llamados como testigos en el caso de la querella de Banesto, acabaron inculpados por Estevill. Éstos eran Enrique Marugán (accionista de ECA -ahora ECA ITV-) y Lorenzo Rosal Bertrán (que fue presidente de Harry Walker Autoaccesorios).
Una presunta venganza
En el juicio contra el ex juez, que se inmiscuyó en el caso como suplente, quedó claro que la actuación contra estos dos últimos se debió a que en los años sesenta le habían denunciado por irregularidades, lo que le costó el despido como asesor jurídico de Textiles Bertrán.
Fruto de esta presunta venganza, Rosal Bertrán hubo de pagar 25 millones de pesetas (150.000 euros) al ex juez para evitar su encarcelamiento, pues tenía problemas de salud y no quería ser detenido. Marugán, por el contrario, se libró porque estaba en el extranjero y aunque Estevill dictó una orden de búsqueda y captura internacional, ésta fue suspendida por el juez titular Ramón Maciá Gómez, al reincorporarse a su juzgado.
Según quedó claro en el juicio en que se condenó a Estevill, éste había diseñado un método de extorsión basado en el miedo de los empresarios a que se pusiese en duda su honestidad y el prestigio de sus negocios en un proceso judicial.
El envío a prisión en diversos casos precedentes de algunos empresarios que no reunían condiciones para acabar en la cárcel se saldó con el pago de cantidades que oscilaban entre los 50 millones y los 100 millones de pesetas (entre 300.506 y 601.012 euros), que se repartían entre el juez y los abogados que hacían las gestiones.
En el caso de la querella de Banesto, Estevill que era titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Barcelona, se hizo cargo de la querella contra los socios minoritarios del Grupo Harry Walker presentada por Banesto al sustituir al juez titular, Ramón Maciá Gómez, que se ausentó durante unos días para disfrutar unas vacaciones.
Los únicos detenidos, por tanto, fueron Pedro Olabarría y Luis Fernando Romero a quienes además se embargaron bienes por valor de 750 millones de pesetas (4,5 millones de euros). Por ello, una vez en la cárcel Estevill, el objetivo de Olabarría y los hermanos Romero pasó a ser la condena de los promotores de la querella de Banesto: Alfredo Sáenz (presidente), Miguel Ángel Calama (director regional para Cataluña) y Rafael Jiménez de Parga (asesor jurídico).
Una tradición desastrosa
La querella se gestó tras la llegada del Santander a Banesto, que tenía cerca de un 30 por ciento de su cartera crediticia de muy dudoso cobro y en su mayoría sin avales, pues habían venido renovándose de forma automática desde tiempos inmemoriales, antes incluso a la llegada de Mario Conde, sin mayores rigores para las grandes empresas.
Primero la nueva cúpula de Banesto intentó que los accionistas avalasen los créditos concedidos a las empresas de las que eran inversores con sus patrimonios personales. Como resultado de estas gestiones, Miguel Ángel Calama incluyó en octubre de 1993 una anotación en el expediente, que resultaría decisiva a la hora de determinar la falsedad de la querella, en la que reconocía que "el señor Olabarría no está dispuesto a prestar ningún tipo de aval personal".
Según el ex empleado de Banesto Emilio Núñez, los créditos se agrupaban por el nombre de alguno de los accionistas preeminentes, aunque como en el caso Olabarría no existiese grupo ni jurídica ni socialmente. Por ello, Banesto decidió querellarse contra Olabarría y sus socios como personas físicas.
La sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona reconoce que no existía jurídicamente ninguna entidad llamada Grupo Olabarría o "Grupo Olabarría Romero" como se decía en la querella presentada por Banesto y consideran la posibilidad de que esta terminología se usara internamente en el Banco y se traspasase a la querella y a las ampliaciones posteriores, aunque en toda la documentación presentada por la entidad financiera no existiese ni un solo documento que demostrase su existencia.
La querella presentada por la entidad financiera acusaba, además, a los inversores de Harry Walker de haberse apropiado de 600 millones de pesetas (3,6 millones de euros) para evitar que pudiesen ser cobrados por la entidad. Finalmente, este dinero se demostró que se había destinado a pagar a las compañías proveedoras de los recambios que comercializaba Harry Walker, cosa que constató la Agencia Tributaria en sus informes.
Un grupo de gran prestigio
Para entender por qué se le otorgaron créditos sin aval a un grupo que en 1993 había comenzado a declarar a sus empresas en quiebra es necesario tener en cuenta su prestigio tradicional en Barcelona.
En 1914, Harry Walker, de origen inglés y muy relacionado en el mundo americano del automóvil, instaló en Barcelona una pequeña tienda de recambios y accesorios para automóviles de la que surgiría uno de los mayores grupos de recambios de automóvil, motos y embarcaciones, fabricación de dispensadores de gasolina, venta de motores importados y elaboración de maquinarias para la industria.
Dedicado a la maquinaria (garajes, talleres, estaciones de servicio, etc.), recambios (accesorios de automoción), transmisiones (automoción e industria), industria (instalaciones industriales) y náutica, cubría prácticamente todo el territorio español; además, la exportación de sus productos se extendía a más de 30 países.
En la actualidad su antiguo edificio se encuentra catalogado entre los edificios de interés de Barcelona y existe una plaza dedicada a Harry Walker en la ciudad.
En 1970 sufrió dos meses de una de las primeras huelgas laborales a pesar de que estaban prohibidas por ley y en 1979 sufrió un atentado con bomba en pleno expediente de reducción de plantilla.
Siempre tuvo en su consejo a destacadas figuras del empresariado catalán, como José María Figueras, presidente entre otras muchas empresas de la química Cros y del Consejo Superior de Cámaras de Comercio de España.
El grupo también participó en 1962 en la fundación de la Asociación de Comerciantes e Importadores de Recambios y Accesorios para Vehículos de Autolocomoción (Cira), que representa a los comerciantes del secto catalán, en la que mantuvo durante años a alguno de sus directivos en la Ejecutiva.
Sin embargo, entre los años 1993 y 1995 la mala situación del Grupo llevó a la suspensión de pagos y a la quiebra de algunas de las empresas, entre ellas la empresa holding Harry Walker. También desaparecieron H W Equipauto, Automoción Tecnoequip, Maquin y la División Náutica, que había sido una de las joyas del grupo.