Más de la mitad de los hosteleros despedirá a algún empleado este año
El 55,1% de empresarios del sector de la hostelería que cuenta con empleados en su negocio piensa prescindir de algún empleado, por los problemas surgidos con la entrada en vigor del endurecimiento de la ley antitabaco.
Así se desprende de una encuesta elaborada por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) durante la primera quincena de enero entre 1.600 de sus asociados, pertenecientes al sector hostelero (restaurantes, bares, cafeterías, hoteles y hostales, bares de copas y discotecas).
Para esta organización de autónomos, "es evidente que la nueva situación creada por la ley puede crear un panorama desolador en el sector hostelero, generando menos riqueza y destruyendo empleo".
Genera más de 300.000 empleos
El documento señala que el sector cuenta con 318.823 autónomos, de los cuales 201.655 no tiene asalariados (63,25%) y 117.168 (36,75%) sí los tiene. En total, el número de empleos generados por los 318.823 propietarios del sector hostelero y el 36,75% de ellos que cuentan con asalariados, supone una cifra total cercana al millón y medio de ocupados.
Pero esta situación cambiará próximamente. Según han informado el 55,1% de los encuestados, prescindirá de algún empleado.
Ante la pregunta de si la ley antitabaco es beneficiosa a largo plazo para su negocio, más de la mitad (54%) rotundamente dice que no. El 65,5% afirma que sus ingresos han disminuido ostensiblemente, mientras que al 28,8% no le ha afectado. Además, para casi ocho de cada diez autónomos (78,9%) sus ingresos han disminuido en un tramo que va del 11 al 60%, lo que según ATA es "preocupante".
Reformas polémicas
ATA recuerda, llegado este punto, las adaptaciones que los autónomos tuvieron que hacer en sus locales y la inversión realizada en la primera versión de esta norma contra el tabaco, una inversión que todos consideran perdidas.
Por eso, un grupo de grandes hosteleros está estudiando demandar al Estado para que les indemnice por las obras, según confirmaron los asesores legales del despacho Cremades & Calvo-Sotelo.
Los demandantes, entre los que se encuentran el Grupo Hotusa y el Grupo Arturo, tienen previsto reclamar hasta 100.000 euros al Estado por su responsabilidad patrimonial, al gestionar un cambio legislativo que les obligó a invertir en unas reformas que no se han amortizado.