Aguirre pide al Gobierno "respeto" hacia las competencias regionales en suelo
Madrid, 27 ago (EFECOM).- La presidenta regional, Esperanza Aguirre, exigió hoy al Gobierno central "respeto" a las competencias de la Comunidad de Madrid, ya que "no se puede establecer" de forma "general" la expropiación urbanística "que el Gobierno quiere imponer" porque es "propia de sistemas autoritarios".
"Parece mentira que un Gobierno que aprueba estatutos como el catalán luego quiera recortar las competencias en materia de suelo y vivienda que no sólo las leyes, sino el Tribunal Constitucional, le han atribuido a las Comunidades Autónomas", dijo Aguirre, cuyo Ejecutivo presentó hoy un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Suelo estatal.
La presidenta madrileña, que hizo estas declaraciones durante una visita a un hospital, destacó que la expropiación, un método "de adquisición de la propiedad" característico "de los sistemas autoritarios como el de Stalin", debería llevarse a cabo "cuando hay razones de interés público".
Aguirre argumentó que otro de los motivos para la presentación del recurso radica en que la legislación madrileña establece que el 50 por ciento de las viviendas que se hagan tienen que ser protegidas, y "aunque en este caso el Gobierno pone una cifra menor", un 30 por ciento, "no puede invadir" las competencias de la Comunidad en este asunto.
En la misma línea se situó el responsable regional de la Vicepresidencia primera y Portavocía, Salvador Victoria, quien hoy acudió a presentar este recurso al Tribunal Constitucional, donde reiteró que la Ley del Suelo estatal "está atentando claramente contra el derecho a la propiedad privada" puesto que establece con carácter "general" el "sistema de expropiación forzosa".
"La nueva Ley del Suelo deja con carácter residual los derechos de los propietarios y otorga preferencia a la gestión pública y, lo que es peor, a empresas constructoras que no son propietarias", dijo Victoria, quien explicó que el recurso impugna un total de nueve preceptos de la norma nacional.
Asimismo, aseguró que la nueva ley tendrá "un efecto demoledor" y "supone en la práctica un encarecimiento del acceso a la vivienda debido a la intromisión de terceras personas no propietarias en la ejecución de los planes urbanísticos", concretó.
Recordó que los servicios jurídicos de la región también plantearán "en breves días" un segundo recurso de inconstitucionalidad contra un Real Decreto que regula los sistemas de ejecución de la formación profesional, puesto que el Estado carece de competencias para la ejecución de la legislación laboral", afirmó el viceconsejero.
También acudieron al Tribunal Constitucional el viceconsejero de Medio Ambiente, Manuel Beltrán, y el de Vivienda, Juan Blasco.
Este último lamentó que las "atribuciones" que, en su opinión, "subroga el Gobierno de la nación vía el Ministerio de Vivienda" no se vean "traducidas en una eficacia de producción de vivienda protegida en la Comunidad", efectividad que "en este momento es nula, frente a las más de 14.000 viviendas iniciadas en el año 2007 en la Comunidad", apuntó.
Para Blasco, la construcción de vivienda con protección en la región "es penalizada por el Ministerio de una manera absurda", puesto que a la Comunidad "se le niega el Plan de Vivienda Joven" y se le conceden los fondos económicos con retraso, lo que supone a su juicio "una zancadilla constante". EFECOM
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