Contraloría reclama eficacia en el gasto en seguridad y defensa
Bogotá, 10 ago (EFECOM).- La Contraloría colombiana reclamó hoy del Gobierno mayor eficiencia y economía en el gasto en defensa y seguridad, tras recordar que significa una quinta parte del presupuesto nacional y 4,5 puntos el Producto Interior Bruto (PIB).
El organismo de control fiscal, en un análisis sobre los recursos para el sector de la defensa, dijo que "resultan notorias las inconsistencias entre la urgencia de los recursos, la planeación y utilización efectiva de los mismos".
La afirmación hace referencia al impuesto extraordinario creado en la emergencia económica decretada al inicio del primer Gobierno del presidente Álvaro Uribe, en 2002, para seguridad y defensa, por el que se recaudó un 21% más de lo que se tenía proyectado.
Pero anotó que aunque el tributo se creó con mensaje de urgencia del Ejecutivo, su utilización en el tiempo parecerá no tener premura alguna.
En efecto, al cierre de cada año, desde 2002 hasta 2006, se mantuvieron recursos de ese impuesto en inversiones "por valores considerables", en títulos de tesorería y en otras operaciones y depósitos remunerados en el banco central.
A partir de 2007, los contribuyentes con grandes patrimonios están nuevamente obligados a pagar un impuesto adicional, para financiar la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática 2007-2010, en el segundo mandato de Uribe.
En el informe se recuerda que en seguridad y defensa el gasto como porcentaje del presupuesto de la Nación subió de un 9,8% a un 19,2% entre 1991 y 2006, es decir en 15 años, y de un 1,8 a un 4,5 puntos como porcentaje del PIB el mismo periodo, y que seguirá aumentando hasta un 20,9% y un 5,1%, respectivamente, en 2019.
La Contraloría reconoció que el resultado de los mayores esfuerzos de los contribuyentes para fortalecer la fuerza pública (Fuerzas Militares y Policía) ha dado "una mejora en las condiciones de seguridad del país".
Pero aseveró que "el objetivo de desarticular las organizaciones al margen de la ley y del narcotráfico no se ha logrado de manera contundente", lo que exige "diseñar mecanismos mucho más eficientes para el uso de los recursos y, especialmente, para el control de la ejecución de éstos".
El informe afirma que, aunque los secuestros, las masacres y los homicidios cayeron de manera importante en el periodo 2002 a 2006, hay "fenómenos tan impactantes como el desplazamiento forzado, resultado del conflicto armado", que persisten, así como los delitos contra el patrimonio en zonas urbanas, "demostrando una ineficaz acción de las estrategias de seguridad ciudadana, especialmente de la labor policial".
En el primer Gobierno de Uribe (2002 a 2006) se invirtieron en defensa y seguridad 49 billones de pesos, unos 24.500 millones de dólares, según la Contraloría.
Para su segundo Gobierno (2006 a 2008) tiene previsto destinar 57,9 billones de pesos más (28.950 millones de dólares), de los que 7,5 billones (3.750 millones de dólares) saldrán del impuesto a grandes patrimonios.
La Contraloría advirtió de que el pie de fuerza que se espera incorporará hasta 2010, unos 37.900 efectivos, está financiado con los recursos del impuesto patrimonial, que supuestamente es transitorio, pero que "no se evidencia, a partir del 2011, cuál será la fuente para el sostenimiento" del nuevo pie de fuerza.
Alertó sobre el incremento de los pasivos laborales en la fuerza pública y reveló que sólo el de pensiones aumentó de 2003 a 2006 para el personal del ministerio de Defensa y la fuerza pública, en un 52% para totalizar en este último año 52,7 billones de pesos (26.350 millones de dólares). EFECOM
amv/ei/jla