Fiscalía cree proyecto es un "eslabón más" para subir protección consumidores
Madrid, 27 jun (EFECOM).- La Fiscalía ha señalado hoy que el anteproyecto de ley que regula los servicios de intermediación y contratación de créditos o préstamos, aprobado en mayo por el Consejo de Ministros, "es un eslabón más" en la protección de los consumidores, ante sucesos de naturaleza no penal que les afecten.
En su informe ante este anteproyecto, que será tramitado por las Cortes Generales después del verano, el Ministerio Fiscal recordó que este proyecto, junto a otras leyes, "pone fin a la hasta hace poco obligada pasividad del Ministerio Fiscal ante ataques de naturaleza no criminal" a los consumidores.
Además, según la Fiscalía, al exigir un seguro de responsabilidad civil y la creación -en seis meses- de un registro estatal para las refinanciadoras de deudas, se profundiza en la protección al consumidor, "potenciando la información y veracidad de las actividades de intermediación, y permitiendo un más eficaz acceso a los tribunales en defensa de los intereses colectivos".
Por tanto, "la valoración no puede ser sino positiva y totalmente consecuente con la labor promotora de los derechos que la Constitución impone a los poderes públicos en general y, en concreto, en el artículo 51 de la Constitución Española".
"Durante mucho tiempo -lamenta el informe- la tutela del consumidor se limitaba a lo administrativo, quedando reducida la intervención de los Tribunales de Justicia a la reparación de los daños sufridos, al no existir mecanismos específicos para salvar la quiebra entre un derecho material de consumo y su protección colectiva adecuada".
En el informe, que se remitirá próximamente al Ministerio de Justicia, también se extiende el número de "legitimados activamente" para actuar en la cesación de la actividad que daña a los consumidores, entre los que se encuentra la Fiscalía.
Por esta razón, el anteproyecto "refuerza la protección y garantía de derechos e intereses reconocidos constitucionalmente y responde a un interés objetivo, general de defensa de los derechos e intereses colectivos y difusos de los consumidores y usuarios".
La Fiscalía constata en su informe que, en el ámbito del consumo, "los usuarios se encuentran en una situación de inferioridad frente a las empresas o entidades de crédito, en unas relaciones que hoy día son cada vez más internacionales".
En muchas ocasiones, según el Ministerio Público, "la escasa entidad económica de una relación comercial hace que el consumidor afectado desista de plantear una reclamación, porque ésta sería más costosa que el perjuicio propiamente causado". EFECOM
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