La CE abrirá un nuevo proceso a España por las "vacaciones fiscales vascas"
Bruselas, 19 jun (EFECOM).- La Comisión Europea (CE) abrirá la próxima semana un nuevo proceso sancionador a España por no haber recuperado las ayudas concedidas a empresas en el marco de las "vacaciones fiscales vascas", motivo por el que el Tribunal de Justicia ya condenó a Madrid, la última vez, en diciembre pasado.
Si las autoridades españolas no adoptan medidas para recuperar las citadas ayudas, los jueces europeos podrían volver a condenar a España e imponerle una multa hasta el cumplimiento de la sentencia.
El portavoz de Competencia del ejecutivo de la UE, Jonathan Todd, confirmó hoy a EFE que la Comisión tiene previsto enviar la semana próxima a Madrid una "carta de emplazamiento" (el primer paso del procedimiento de infracción comunitario) por no haber acatado el fallo de la corte europea del 14 de diciembre de 2006.
Todd explicó que la CE ha mantenido desde esa fecha contactos con las autoridades españolas, pero recalcó que "no hay ninguna prueba" de que hayan adoptado medidas dirigidas a la recuperación de las ayudas, concedidas durante la década de los noventa.
El portavoz indicó que si España no responde en el plazo estipulado (habitualmente dos meses) a su "carta de emplazamiento", Bruselas le enviaría un "dictamen motivado" y, si tampoco hay contestación, llevaría el caso ante el Tribunal de la UE.
Respecto a la posibilidad de imponer a Madrid multas por el incumplimiento de una sentencia previa, Todd precisó que esa decisión corresponde a la corte, aunque la Comisión puede hacer una propuesta en ese sentido.
La disputa entre Madrid y Bruselas por la fiscalidad vasca comenzó en 1999, cuando la Comisión abrió varios procedimientos por los sistemas de ayudas fiscales vigentes en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya para impulsar la implantación de empresas en la región.
Dichos sistemas establecían, por un lado, créditos fiscales del 45 por ciento y, por otro, reducciones en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades para empresas de nueva creación.
En 2001, la Comisión concluyó que esos sistemas constituían ayudas estatales ilegales, incompatibles con el mercado interior, y conminó a España a poner fin al sistema y tomar las medidas necesarias para recuperar las ayudas entregadas.
Bruselas acabó presentando seis recursos por incumplimiento ante la Justicia europea, que ha dictaminado varias veces, la última en diciembre, que las ayudas son ilegales y que las empresas debían devolverlas. EFECOM
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