Vizcaya exige devolución ayudas públicas a empresa abandona provincia
Bilbao, 19 jun (EFECOM).- El Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Vizcaya acordó hoy exigir a la empresa "Rotarex Spain SA" la devolución de los 15.496,36 euros de subvenciones públicas recibidas, una vez que la firma ha decidido cerrar su planta de Galdakao.
La diputación vizcaína entiende que la firma contraviene la norma aprobada por el gobierno foral en contra de las deslocalizaciones empresariales, por lo que no le abonará la subvención pendiente de 19.759,64 euros que inicialmente le había concedido.
El informe elaborado por los servicios de la diputación considera que la intención de la firma de cerrar la planta de Galdakao era "clara" y señala que "el gerente carecía de poderes", que habían sido traspasados a "un despacho catalán de abogados".
El ejecutivo foral desestimó las alegaciones presentadas por la empresa, que aseguró que el destino dado a las subvenciones había sido "el programado en la correspondiente solicitud", y consideró que la situación de la firma se debía a "situaciones de mercado y no a una eventual falta de inversión por parte del accionariado".
Además, la empresa, según explicó la diputación, "no atendió la solicitud" de aportar los documentos acreditativos de la evolución de la plantilla.
Por todo ello, la diputación "declara la deslocalización" de Rotarex, le niega el pago de las subvenciones pendientes, le exige la devolución de las cobradas y le reclama los intereses de demora en relación a esta última cantidad.
La diputación de Vizcaya informó de que ha concedido a Rotarex subvenciones por un importe total de 35.256 euros para ejecutar un proyecto de desarrollo de un regulador de gas en materiales plásticos, de las que había entregado 15.496,36.
La dirección de Rotarex comunicó oficialmente en abril a los trabajadores la presentación de un procedimiento concursal voluntario (suspensión de pagos) con el objeto de proceder al cierre de la planta de Galdakao, dedicada a la producción de válvulas y con una plantilla de 37 personas.
Inmediatamente, el diputado general de Vizcaya, José Luis Bilbao, ordenó investigar si la empresa incurría en alguno de los casos descritos en la norma foral contra las deslocalizaciones empresariales, aprobada por las Juntas Generales vizcaínas el 22 de marzo.
Esta norma, según explicó entonces el diputado foral de Hacienda, José María Iruarrizaga, responde a la voluntad de esta institución, "desde el reconocimiento del papel de las empresas", de incentivar las actuaciones "socialmente responsables" y penalizar procesos como el de la "deslocalización".
La norma considera deslocalización empresarial "cuando se produzca el cese o una reducción significativa de la actividad de la empresa" o cuando simultáneamente, o en el plazo de los tres años inmediatos anteriores o posteriores al momento en que se produzca cualquiera de las situaciones anteriores, se desarrolle en otro lugar la misma actividad".
La declaración de la deslocalización empresarial supone, como en este caso, la obligación para la empresa de proceder al reintegro de las cantidades percibidas en los ocho años anteriores a la misma, junto con el interés de demora correspondiente desde el momento de la recepción de cada una de ellas hasta la fecha de dicha declaración.
El sindicato UGT reclamó el pasado día 13 a Rotarex el pago inmediato de 2 millones de euros de indemnizaciones a los trabajadores. EFECOM
TT