Ex director oficina gestionó directamente los pagos no ingresados Hacienda
San Sebastián, 15 may (EFECOM).- El ex director de la oficina de la Hacienda de Irun José María Bravo gestionó directamente la mayoría de los pagos no ingresados en las arcas forales a los contribuyentes deudores víctimas del fraude denunciado por la Fiscalía de Guipúzcoa, hasta apropiarse de más de un millón de euros.
Bravo es la cabeza visible de esta trama, que de 1995 a 2004, según la denuncia presentada por el Ministerio Público en el Juzgado de Instrucción número 2 de Irún, se habría servido de, "al menos", 16 entidades mercantiles y 14 bienes inmuebles para "asegurar el aprovechamiento" y "encubrir la procedencia ilícita" del dinero obtenido.
En la práctica totalidad de estas sociedades y propiedades aparece como titular José María Bravo, que en unos casos comparte con su mujer, María Rosa Cobos Crespo, también denunciada por el fiscal, y en otros con Pilar Gracenea y Pedro María Atristain, que son los otros dos imputados en esta causa, sobre la que la jueza Almudena Ovejero ha acordado la incoación de procedimiento para el juicio ante el tribunal de jurado.
En tres casos, una finca en el Jerte (Cáceres) y las sociedades Ekialde S.L. y Roza Cabera S.L., también figura como propietario Víctor Bravo Durán, hermano de José María, que fue director general de Hacienda de la Diputación de Guipúzcoa cuando supuestamente ocurrieron los hechos y que ayer renunció a su cargo de senador del PNV.
En la citada propiedad del Jerte, un local comercial, aparece asimismo como propietaria María Aránzazu Arbelaiz, segunda esposa de Víctor Bravo, que fue presidenta del Tribunal Económico Administrativo de la Diputación de Guipúzcoa entre 1992 y 2003 y actualmente es directora de Servicios del departamento vasco de Industria.
Según la denuncia a la que ha tenido acceso Efe, Bravo, "amparándose en el acceso a la información que su cargo le brindaba", contactaba con personas con deudas tributarias pendientes, a quienes reclamaba el pago y terminaba rebajándoles la cantidad adeudada, que no ingresaba en Hacienda una vez cobrada (sólo en una ocasión ingresó 1.200 euros de un pago de 3.000).
Las entregas se hacían en metálico, mediante cheques bancarios o ingresos en cuentas de algunas de las entidades citadas anteriormente, tras lo cual Bravo, según la denuncia del fiscal, o bien declaraba la prescripción del expediente o lo daba de baja por insolvencia.
En la denuncia aparecen un total de 24 contribuyentes afectados, aunque ayer el diputado para la Fiscalidad, Juan José Mujika, informó de que el número de expedientes presuntamente ilícitos asciende ya a 35 y el dinero que las arcas forales dejaron de ingresar a 5 millones de euros, de los cuales los integrantes de la trama se habrían apropiado de 1,5 (el ente foral ha seguido incorporando expedientes al procedimiento).
Uno de estos expedientes, que figura en la denuncia del fiscal, corresponde a Maite Moneo, esposa del dirigente del PNV Luis María Bandrés, que entregó a Bravo 108.000 euros para saldar una deuda de 587.214 euros.
En algún caso el engaño fue más allá, pues Bravo habría ordenado presuntamente la derivación de deudas inexistentes, como tres que sumaban 25.904 euros y que reclamó a un decorador, al que luego propuso cancelar la deuda a cambio de que realizara "servicios profesionales de decoración" en su beneficio. EFECOM
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