Pugna por rico yacimiento de Repsol amenaza con ampliarse en Bolivia
Juan Carlos Zambrana
La Paz, 18 abr (EFECOM).- El conflicto en Bolivia por la posesión del rico yacimiento de gas natural "Margarita", operado por la hispano-argentina Repsol YPF, amenaza con ampliarse tras la intervención del gobierno y nuevos enfrentamientos entre pobladores y fuerzas del orden.
La disputa por la jurisdicción del campo, con 10,5 billones de pies cúbicos de gas, dejó la noche del martes un manifestante muerto en Villamontes, una docena de heridos de bala y muchos contusos en Yacuiba, poblaciones ambas de la provincia Gran Chaco, en el departamento sureño de Tarija.
El presidente boliviano, Evo Morales, lamentó que "por una poca plata" se vayan a enfrentar dos pueblos hermanos y exhortó a los bandos a dialogar para encontrar una salida pacífica.
Gran Chaco y su vecina O'Connor han iniciado acciones administrativas por la demarcación territorial del cantón Chimeo, donde se ubica el campo "Margarita", fuente de regalía para la zona por aproximadamente 10 millones de dólares por su explotación.
"Margarita", que es operado por Repsol YPF, es propiedad de una sociedad de la hispano-argentina con la británica British Gas y con Panamerican Energy, vinculada al grupo British Petroleum.
Las víctimas del conflicto, entre las que figuran policías y soldados, se registraron cuando las fuerzas del orden repelieron a los habitantes de Villamontes y Yacuiba que pretendían ocupar instalaciones de Transredes, distribuidora de hidrocarburos y subsidiaria de las trasnacionales Ashmore y Shell.
Pese al acoso de los chaqueños, la estación de Transredes en Yacuiba continúa con el transporte de gas natural a Argentina, según fuentes de la compañía.
El fallecido en Villamontes recibió un impacto de bala el martes en la noche, lo mismo que otras ocho personas de ese pueblo.
En Yacuiba al menos otras doce personas resultaron hoy lesionadas, en momentos en que todo hacía suponer que los chaqueños estaban satisfechos con la decisión gubernamental anunciada este miércoles.
Los habitantes de Gran Chaco, que desde el lunes pasado realizan una huelga y bloqueo de carreteras hacia Argentina y Paraguay, lograron hoy que el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, ordenara que el litigio sobre la jurisdicción del campo sea trasladado a la Prefectura (gobernación) de Potosí.
La decisión fue objetada de inmediato por los líderes de la provincia O'Connor, que se consideran traicionados por las autoridades del gobierno nacional y anunciaron que interpondrán recursos legales y medidas para hacerse escuchar.
El alcalde de Entre Ríos, capital de la provincia, Teodoro Suruguay, declaró a Efe que las organizaciones de O'Connor "están en emergencia para ver las medidas a tomar" en defensa del derecho que reclaman sobre el yacimiento de gas.
Suruguay adelantó que las acciones "serán más drásticas" que las realizadas el mes pasado, cuando cerraron la carretera regional, porque han visto "que lo único que da resultado es la presión y el chantaje", como lo hizo la provincia Gran Chaco.
"No nos queda otra", señaló el alcalde con firmeza.
Quintana justificó la decisión de trasladar el trámite de delimitación territorial en la negligencia, incompetencia, desinterés y manipulación política en la que incurrió el prefecto (gobernador) de Tarija, Mario Cossío.
Desde Tarija, Cossío respondió que la resolución del gobierno tiene la intención de provocar la división de ese distrito y pidió al presidente Morales restituir la paz y tranquilidad en la zona.
Las posiciones encontradas muestran las diferencias políticas entre Cossío y el Movimiento Al Socialismo (MAS), partido oficialista que acusó al gobernador de incumplir sus obligaciones en el proceso para intentar poner fin al conflicto. EFECOM
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(con fotografías)