Uno de los administradores de CPV reconoce que no tenía el graduado escolar
Madrid, 18 abr (EFECOM).- Uno de los administradores de la Cooperativa Peninsular de Viviendas (CPV), Francisco Javier García Sánchez, hijo del principal acusado, reconoció hoy en el juicio que se sigue por estafa contra esta empresa, que no tenía el graduado escolar, aunque dijo: "sí sé leer y escribir".
Esa fue una de las pocas preguntas que contestó García Sánchez, para quien el fiscal pide 16 años de cárcel por estafa continuada y falsedad documental, ante el tribunal de la Audiencia Provincial de Madrid, matizando que no sufre ninguna incapacidad ni minusvalía que le impida tomar decisiones propias.
El procesado, uno de los seis acusados por estafar a casi dos mil personas que entregaron 37,5 millones de euros a CPV para la compra de viviendas que nunca llegaron a construirse en los barrios madrileños de Sanchinarro, Montecarmelo y Las Tablas, aseguró que seguía "fielmente" las directrices y órdenes de su padre, Francisco García Moreno, al igual que lo hace con su jefe en su actual puesto de trabajo.
También declaró hoy su hermano, Miguel Ángel García Sánchez, quien coincidió en que firmó los contratos voluntariamente y dijo que "mi padre no me amenazaba con que si no firmaba me iba a pegar".
Este acusado añadió que en CPV recibía un "buen sueldo" por lo que nadie le tenía que pagar "nada", en alusión a los gastos de dietas y viajes que figuran en las cuentas de la promotora, tales como "un viaje a Disneyland o un palco reservado en el estadio del Atlético de Madrid".
Por su parte, su padre, Francisco García Moreno, insistió hoy en que no se llevó dinero de los clientes de CPV y señaló que "no me siento capacitado para engañar a nadie, había personas que firmaban los contratos de compra-venta de los pisos más preparadas que yo".
Reiteró que él era el responsable y quien decidía qué contratos se firmaban y qué tipo de cuentas se abrían en los bancos e insistió en que nunca delegó este tipo de funciones, aunque las únicas firmas que figuran en todas esas operaciones son las de los administradores de CPV, que eran sus dos hijos y el también acusado Miguel Ángel Morillo.
Francisco García Moreno atribuyó a los síndicos que intervinieron en el proceso de quiebra para satisfacer de la mejor forma posible los intereses de los acreedores la responsabilidad de que no hubiera dinero suficiente para realizar las devoluciones a todos los afectados.
El procesado, quien señaló que era "manía persecutoria por nuestra parte garantizar la ley", sostuvo que "si no se hubiera interpuesto la querella penal que culminó en el proceso de quiebra, CPV sería hoy una empresa perfecta y ejemplar".
García Moreno se describió como "un mero conocedor de trabajos elementales y sencillos, no un experto" en materia urbanística y explicó que no tenía cuentas bancarias ni figuraba como socio o administrador de CPV porque no lo necesitaba, ya que "no tengo gastos diarios, la administración de la familia la lleva mi mujer, me suelo mover con bonobús, esa es mi vida".
Manuel Muñiz, abogado defensor de Francisco García Moreno y de sus dos hijos, manifestó a los periodistas que este caso se trata de una crisis empresarial que derivó en una quiebra en la que quizá, -reconoció- "pudo haber negligencia o mala gestión", pero nunca ánimo de lucro, apropiación indebida ni trasvase de fondos.
"No se incorporó dinero ajeno al patrimonio de los procesados, sólo se pagó el sueldo de los consejeros, que era de tres mil euros", añadió.
El juicio, en el que el fiscal pide penas de entre 4 y 16 años de prisión para los seis acusados, se reanudará el próximo martes con la declaración del resto de los procesados. EFECOM
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