Economía/Empresas.- El Congreso da luz verde a la Ley de Defensa de la Competencia por unanimidad y la remite al Senado
El proyecto parte de un pacto entre el PSOE y el PP al que se suman propuestas de grupos minoritarios
MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
El Congreso de los Diputados dio hoy luz verde al dictamen del proyecto de Ley de Defensa de la Competencia, que introduce garantías "en la distribución de competencias y una mayor seguridad jurídica" y que fue remitido al Senado con el voto favorable la totalidad de los grupos parlamentarios.
La tramitación de la Ley de Defensa de la Competencia parte de un acuerdo inicial entre el PSOE y el PP que permite la "modernización del derecho de la competencia y el diseño de un nuevo modelo institucional", según señaló la portavoz del PSOE, Elisenda Malaret.
Así, la nueva ley supone la creación de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), que contará con seis consejeros y el presidente, y que integrará el Servicio de Defensa de la Competencia y el Tribunal de Defensa de la Competencia. Esta institución está pensada como un "nuevo modelo institucional que proporcione mayor racionalidad, eficacia y credibilidad a las decisiones de los poderes públicos en materia de competencia".
La Comisión Nacional de la Competencia pretende "evitar duplicidades y alargar innecesariamente el procedimiento". Por ello, el proyecto "limita el papel del Gobierno en el procedimiento de control de concentraciones, que sólo intervendrá en los supuestos para garantizar el interés general cuando éste no estribe en una mera defensa de la competencia".
En la misma línea, recordó que la ley apuesta por la "credibilidad de las instituciones y la transparencia" de las mismas, por lo que permite que los cambios por la creación de la nueva institución "no sea de manera automática sino de forma paulatina y pausada".
ADAPTACION AL DERECHO COMUNITARIO.
Otra línea estratégica de la futura norma supone la adaptación de la misma a "las reformas del derecho comunitario además de dotar de "mayor eficacia al régimen vigente". En este sentido, Malaret explicó que la adecuación de la norma al derecho comunitario "no es una obligación", sino que persigue alcanzar "un equilibrio entre la intervención pública para el correcto funcionamiento de reglas del mercado y la preservación de la libertad empresarial, a fin de que existan los incentivos necesarios para el desarrollo económico y social".
En este contexto, también contempla la simplificación del régimen de las conductas restrictivas de la competencia, "apostando por un mecanismo de autoevaluación y un régimen de control de concentraciones y reforzando el papel de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC)".
Además, se articulan en el proyecto "las relaciones de cooperación entre los tribunales ordinarios que tienen que desempeñar una tarea cada vez mayor en Defensa de la Competencia y las distintas autoridades" en la materia.
Desde el PP, el diputado 'popular', Antonio Erias, mostró su "satisfacción" por el contenido del proyecto en términos generales, aunque avisó de que en su tramitación en la Cámara Alta, tratará de introducir más cambios relativos a dotar de mayor independencia en la Comisión Nacional de la Competencia, mediante una enmienda que exija elegir a los consejeros y el presidente por "una mayoría de tres quintos" de la Cámara Baja.
Por su parte, los grupos parlamentarios de CiU, ERC, PNV, IU-ICV y Grupo Mixto ya introdujeron varias de sus propuestas en el trámite de comisión a través de una batería de enmiendas transaccionales referentes, en su mayoría, a aspectos competenciales. En términos generales, manifestaron su posición favorable respecto al contenido del proyecto pero no descartaron cambios en su tramitación en la Cámara Alta.
REGIMEN DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.
Respecto al régimen relativo a los informes en relación a los grandes establecimientos comerciales, Malaret ya recordó que esta materia ya "está establecida con toda claridad en una sentencia reciente del Tribunal Constitucional", y que, "de hecho, algunos organismos de Defensa de Competencia autonómicos ya estaban ejerciendo estas competencias".
Sin embargo, precisó que en el proyecto "se explicita que el Consejo Nacional de Competencia sólo interviene en la medida en que la instalación de un establecimiento comercial tiene un efecto y una significación 'supraautonómica'". Esto permite que la Comisión Nacional de la Competencia "tenga más elementos para decidir", añadió.