RCTV deberá pagar 700.000 dólares y afrontar investigación por fraude fiscal
Caracas, 9 mar (EFECOM).- La emisora RCTV de la televisión privada de Venezuela, advertida de la próxima no renovación de su permiso de operación, deberá pagar el equivalente a unos 700.000 dólares por impuestos y afrontar una investigación por supuesto fraude fiscal.
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) informó hoy en un comunicado de que un juzgado tributario de Caracas confirmó esta semana una sentencia previa que ratificó el monto de esa deuda.
"Debido a la no inclusión de la totalidad de sus ingresos brutos" en su declaración de impuestos, "la sociedad mercantil RCTV fue sentenciada al pago" de ese monto, aseguró la nota de Conatel.
Ello revela "indicios que pudieran presuntamente configurar el delito de defraudación tributaria por parte de RCTV, de manera que Conatel solicitará al Ministerio Público abrir la averiguación penal correspondiente", añadió.
El asunto se conoce dos semanas después de que el gobierno le sugiriera a RCTV venderle sus transmisores y antenas, porque evalúa que no le servirán para otro fin cuando el 27 de mayo próximo caduque el permiso estatal para operar el espectro que hoy utiliza.
Además, el ministro de Telecomunicaciones, Jesse Chacón, le recordó entonces a los dueños de esa emisora opositora al gobierno que esos y otros equipos los tiene en tierras estatales.
"Si toda esa plataforma pudiera ser utilizada (por RCTV) para operar un negocio distinto o en una señal distinta, yo estaría totalmente de acuerdo, pero únicamente les sirve para (el usufructo de) la frecuencia" que opera y que no le será renovada, dijo Chacón.
El presidente de la emisora, Marcel Granier, ha remarcado que la decisión del gobierno "es inconstitucional" y esconde el deseo de sacarlo "del aire" para "ocultar a la población las deficiencias" de la gestión del jefe de Estado venezolano, Hugo Chávez, denunciadas a diario por el más antiguo canal del país, con 53 años de emisiones.
Pese a que el gobierno ha recordado que a través de negociaciones ha logrado traspasar al Estado "a precios justos" empresas privadas petroleras, eléctricas y de telefonía, y que su deseo es repetir lo mismo con RCTV, también le advirtió de que "la expropiación no es una ilegalidad" y está expresamente facultada por la Constitución.
"¿Qué vamos a hacer con eso?", se preguntó Chacón en febrero último al referirse a transmisores y antenas de RCTV que están en parques nacionales, ya que, dijo, "sacarlos cuesta más que dejarlos".
"Ojalá podamos llegar a un acuerdo con los dueños del canal, sino la ley prevé los mecanismos, claritos, de declaración de utilidad pública, expropiación y negociación de precios", advirtió.
Según Granier, el gobierno "viola de manera flagrante la Ley de Telecomunicaciones", porque ésta lo "obliga a transformar todos los permisos (de transmisión) que estaban vigentes para el 12 de junio del año 2002".
Esa "transformación" debe hacerse sin perjudicar a los concesionarios y las nuevas licencias "deben estar vigentes hasta el 12 de junio de 2022" o "hasta el 27 de mayo de 2027", dependiendo de la interpretación que se haga del "artículo 210 de la Ley de Telecomunicaciones", ha señalado Granier reiteradamente.
Chacón replica que esa Ley reconoce vigencia a permisos firmados al amparo del Reglamento de 1987 que determinó que el plazo de operación era por 20 años, "por lo que vencen el 27 de mayo de 2007", y exhortó a RCTV a "releerlo otra vez para no engañarse".
El ministro diferenció entre "revocación" y "no renovación" de permisos "porque son cosas diferentes", y se comprometió a que en caso de que el asunto sea decidido de otra forma por el Poder Judicial, el gobierno "obviamente lo acatará". EFECOM
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