Glencore y Bolivia tienen doce meses para encontrar una solución pactada
Mar Gonzalo
Ginebra, 15 feb (EFECOM).- El Gobierno de Bolivia y la empresa suiza Glencore tienen doce meses para pactar una solución al conflicto abierto tras la nacionalización de la planta de fundición de Vinto, antes de que el Ejecutivo helvético recurra al arbitraje internacional.
Según el acuerdo bilateral firmado por los dos países en 1991 para la protección de inversiones, al que tuvo acceso EFE, cualquier conflicto entre ambos países en ese ámbito debe tratar de solucionarse de forma pactada.
De no ser posible en un plazo máximo de doce meses, se recurrirá al Centro Internacional de Arbitraje para el Arreglo de Diferencias Recíprocas relativas a la Inversión" (CIADI), un organismo del Banco Mundial, para que dirima en el litigio.
El pasado mes de octubre el Gobierno suizo ya envió una nota diplomática al boliviano advirtiéndole de su preocupación por la entonces posible nacionalización de la planta de Vinto, propiedad de Glencore, y recordándole los términos del acuerdo.
"No se trataba de una amenaza ni mucho menos, únicamente recordamos al Gobierno (del presidente Evo Morales) que en 1991 los dos países firmamos un acuerdo bilateral que establece el procedimiento que se debe seguir en una disputa en materia de inversiones", explicó a Efe un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza.
Ese acuerdo para la protección de inversiones "ya incluía la posibilidad de que hubiera algún proceso de expropiación o nacionalización en Bolivia", tal y como ocurrió el pasado 9 de febrero con la planta de Vinto, y "establecía claramente la obligación" del Gobierno de La Paz de indemnizar de manera integral" a la empresa afectada, explicó el citado portavoz.
El Ejecutivo helvético, que mantiene contactos tanto con la dirección de la compañía, con sede en el cantón de Zoug, como con el Gobierno boliviano, "respeta totalmente el derecho de Bolivia a tomar ese tipo de decisiones", pero "también le recuerda que tiene la obligación de respetar el acuerdo que tenemos".
"El Gobierno suizo también ha transmitido al de Bolivia su esperanza de que se alcance pronto un acuerdo que satisfaga a todas las partes", apuntó el portavoz, quien insistió en que sólo se recurriría al arbitraje internacional en "una situación extrema".
De prolongarse, este conflicto podría alterar los proyectos de la cooperación suiza en Bolivia, que desde 1969 ha destinado más de 420 millones de dólares no reembolsables, según datos de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE).
"La política exterior de Suiza, basada en el principio de solidaridad internacional y enmarcada en su ley de Cooperación Internacional y Ayuda Humanitaria, está dirigida a apoyar a los países en desarrollo, como es el caso de Bolivia", asegura la COSUDE.
La fundidora Vinto, nacionalizada el pasado viernes después de que el Ejército boliviano ocupara sus oficinas cerca de la ciudad andina de Oruro, fue transferida en 1999 por el Estado a la británica Allied Deals, ya desaparecida, que luego la vendió a la minera Comsur, del ex presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada.
En 2005, éste la traspasó a la multinacional Glencore junto a infraestructuras mineras como Porco, Colquiri y Bolívar, situadas en la zona andina de Bolivia.
En el decreto nacionalizador de la fundidora se argumenta que su transferencia a Allied Deals causó un grave daño económico al Estado, puesto que valía 140 millones de dólares (98 millones de euros) y se vendió por sólo 14,7 millones (10 millones de euros).
La plantilla de Vinto, de unos 450 empleados, ha pedido a Morales que garantice sus puestos de trabajo, a lo que el mandatario respondió con el anuncio de una inversión de diez millones de dólares (siete millones de euros) para modernizar la planta y contratar a más trabajadores. EFECOM
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