Estudio pide abolir actual reparto "político" para fijar criterios "técnicos"
Valladolid, 14 feb (EFECOM).- El actual modelo de financiación autonómica es "fruto de un acuerdo político basado en criterios de general aceptación" por parte de las Administraciones regionales, pero no tiene en cuenta "análisis técnicos objetivos" y concede un "excesivo peso a la variable de la población" al repartir fondos.
Así figura en el apartado de conclusiones de la Investigación sobre la Financiación de las Comunidades Autónomas dado a conocer hoy por el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Valladolid, en el que además se apuesta por dar un mayor peso en la ponderación a las características espaciales de cada territorio y su población.
Uno de los directores de la investigación, el catedrático Jesús Cavero, expuso la necesidad de buscar un sistema de financiación autonómica que sea más "objetivo, transparente y equitativo" que el actual, ya que el estudio revela que los criterios actuales se fijan en función del debate político que mantienen los representantes de las autonomías cuando se reforma el modelo.
Entre las propuestas generales del estudio figuran la de modificar algunas de las ponderaciones que se cruzan con las variables vinculadas a las características del territorio, tanto en lo que atañe a la financiación de las competencias comunes, como en el caso de la sanidad.
En concreto, los investigadores plantean que los fondos repartidos entre las comunidades autónomas para financiar la Educación se utilicen variables más próximas a la prestación del servicio, como puede ser el número de alumnos, de centros y de profesores, y se otorgue un mayor peso en la ponderación a las características territoriales de cada Comunidad.
En este sentido, el responsable de este área del estudio, el profesor Pedro Moyano, planteó la posibilidad de fijar lo que denominó el Indicador de Dispersión Geográfica (IDG) para calcular en qué medida influye sobre el gasto público la extensión del territorio autonómico y el número de poblaciones que contiene.
En el apartado de la financiación de la Sanidad, los analistas concluyen que es preciso "otorgar una menor ponderación" a las características poblacionales y tener presentes otras variables como la extensión del territorio y las infraestructuras de atención sanitaria que están actualmente en servicio.
Otro de los epígrafes de la investigación se ha dedicado a analizar los efectos que tiene la inmigración sobre las finanzas autonómicas, aunque los docentes reconocieron la dificultad de alcanzar un análisis certero dada la inexistencia de estudios fiables que determinen los niveles de renta reales de los trabajadores extranjeros.
No obstante, el encargado de este apartado, el profesor José Ignacio Gobernado, concluyó que si bien actualmente el debate se centra en las demandas de las autonomías que tienen un mayor número de inmigrantes como residentes y por tanto una mayor demanda de servicios públicos, el modelo de financiación debe introducir también la variable de la capacidad contributiva, vía impuestos, de los trabajadores extranjeros.
Según el análisis de Gobernado, la aportación relativa de los inmigrantes a los ingresos de las autonomías a través de los impuestos "no está correlacionada" con el nivel de desarrollo económico de la región y, por tanto, no necesariamente contribuyen más por residir en una comunidad económicamente más potente que otras.
"Frente al reparto arbitrario, la metodología empleada en este trabajo aplica un método objetivo que estima un índice de necesidad utilizando técnicas estadísticas", resumió el catedrático Cavero, quien citó a la literatura económica para asegurar que las ponderaciones en el reparto de fondos (75% población, 24,5% los mayores de 65 años y el 0,05 la insularidad) "nunca han estado suficientemente justificadas" desde un punto de vista técnico, sino político.
El actual modelo de financiación autonómica data del 20 de diciembre de 2001, cuando el pleno del Congreso de los Diputados aprobó de forma definitiva las enmiendas introducidas por los grupos políticos en el Senado y se aprobó la Ley de modificación de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y su Ley de acompañamiento.EFECOM
orv/mdo