El abogado de la Junta defiende que el complejo de Valdecañas es "una apuesta de desarrollo sostenible que ha mantenido la calidad de vida en la comarca"

La Junta de Extremadura, propietarios y ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo, recurrirán si es necesario al Tribunal Constitucional para salvar al complejo Turístico Valdecañas (Cáceres), "una apuesta – afirman las partes implicadas - de desarrollo sostenible que ha mantenido la calidad de vida en toda una comarca".

José Manuel Jover, letrado General de la Junta de Extremadura y responsable del departamento que lleva la defensa jurídica del Gobierno extremeño, afirma en declaraciones a elEconomista.es que la Abogacía General de la Junta ha recurrido la sentencia del Tribunal Supremo que ordena la demolición total, porque no se respeta el principio de tutela judicial efectiva, y de no resolverse se abrirá un recurso de amparo ante el Constitucional. También ha recurrido el auto de demolición que el mes pasado ha dictado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

La ZEPA (zona especial de protección de aves) del pantano de Valdecañas, que pertenece a la Red Natura 2000, "protege su fauna de aves acuáticas, pero nada dice del entorno", afirma Jover para añadir: "este pantano se construyó por el hombre en los años sesenta bajo los planes de desarrollo de la dictadura franquista y surge para dar fuerza eléctrica a Madrid. El Tajo se apresó para crear saltos de agua que dieran energía a la ciudad". "Se creó en 1964 –explica¬- y arrasó con Talavera la Vieja donde había más de 1.900 habitantes, entonces El Gordo pasó a tener de 1900 a 350 habitantes y Berrocalejo de 1940 a los 96 de la actualidad".

La creación de este lago artificial "fue el mazazo a la despoblación en la zona", y 40 años después hay un proyecto urbanístico donde el promotor hace de la zona, degradada con plantas invasivas, un nuevo ecosistema sostenible con más riqueza ambiental y de mayor asentamiento social, destaca Jover. Este proyecto "trajo riqueza", creó un nuevo modo de vida sostenible que lo alejó de la despoblación y lo que "casi fue su muerte empezó a ser su vida", destaca el letrado, quien conoce muy bien la zona, ya que nació en Berrocalejo el mismo año que se hizo el pantano y su padre era de Talavera La Vieja.

El letrado General recuerda que, en 2007, cuando se denuncia el proyecto ante el Parlamento europeo, la Comisión Europea se pronunció de la siguiente forma: "A la luz de la información disponible, la comisión no ve pruebas de que el mencionado proyecto vaya a repercutir negativamente de manera significativa sobre el estatuto de conservación, por las que los citados lugares fueron incluidos en la red Natura 2000. La Comisión no tiene indicios de que la legislación comunitaria esté siendo infringida actualmente y, por tanto, no prevé adoptar más medidas al respecto."

Recientemente, el auto de 2020 del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que ordenaba la conservación parcial de proyecto, recalcó que el valor medioambiental surgido después del complejo de Valdecañas "había mejorado considerablemente y revertirlo al anterior estado tendría consecuencias negativas", porque el estado anterior, recuerda Jover, "era algo parecido a un vertedero rodeado de un toconal tras la poda de eucaliptos invasivos", sin ningún valor ambiental.

Nueva Ley del Suelo

Ante esta situación, José Manuel Jover resalta la importancia de "armonizar la ley urbanística con la ley ambiental". El letrado afirma que, en este caso, se ha interpretado literalmente la ley básica del Suelo en el sentido de "que no podía haber ningún desarrollo urbanístico, cuando la Ley del Suelo no debería excluir ciegamente todo, sino solo aquello que sea incompatible con la protección medioambiental de la Red Natura 2000", por lo que "los desarrollos urbanísticos compatibles sí se podrían realizar".

Respecto al cambio en la Ley del Suelo Estatal que pretende promoverse desde Extremadura, como en su día anuncio el presidente Fernández Vara, opina que de materializarse dará "seguridad jurídica a los grandes proyectos que no pueden estar pendientes de las interpretaciones jurídicas que tenga que acabar resolviendo un juez muchos años más tarde". En estos momentos, afirma, es positivo dar "certezas y no inseguridad", además este cambio legislativo sin duda beneficiará a "todos los pueblos pequeños que tienen limitado ahora su desarrollo por este encorsetamiento legislativo".

José Manuel Jover recalca: "no olvidemos, que se trata de legalidad urbanística, nunca de legalidad ambiental", la legalidad ambiental no está en discusión. El cambio legislativo pretendido desde Extremadura en la Ley del Suelo Estatal es para "conciliar" lo urbanizable y lo ambiental, un cambio que incide en "suelo rural, pero que no limita ninguna norma ambiental".

Este cambio normativo alcanza a toda Extremadura y el resto de España donde "hay un gran número de actuaciones absolutamente compatibles con el medioambiente y que se han visto impedidas por esta interpretación de la Ley del Suelo", finaliza.