Prisa, Vocento y otras empresas piden UE no dificulte prestación de servicios
Bruselas, 6 dic (EFECOM).- Más de sesenta empresas del sector audiovisual europeo, entre las que figuran los grupos Prisa y Vocento, han pedido a las instituciones comunitarias que la reforma de la normativa sobre "Televisión Sin Fronteras" no obstaculice la libre prestación de servicios en la UE.
En una declaración conjunta, las sociedades reclaman el mantenimiento en la directiva del llamado "principio del país de origen", por el que las empresas audiovisuales se rigen por las normas del país en el que están establecidas.
Otros firmantes del comunicado son el grupo Berstelsmann, British Telecommunications, Reuters, Cable Europe, RTL y la Federación Mundial de Publicistas (WFA).
La petición se refiere a la modificación de la Directiva sobre "Televisión Sin Fronteras", que pretende establecer estándares mínimos comunes para todos los servicios audiovisuales, con independencia de la plataforma utilizada para su difusión.
El principal problema que plantea es que algunos Estados miembros con leyes audiovisuales más restrictivas, como Austria, Letonia o Lituania, quieren poder aplicar sus normas a empresas establecidas en otros Estados pero que difunden emisiones en sus territorios.
La industria rechaza tajantemente esa posibilidad y pide a los Estados que "no asuman nuevos poderes para restringir los servicios prestados por empresas establecidas en otro país".
Además, reclama el mantenimiento sin cambios de la propuesta original de la Comisión, que prevé excepciones al principio de país de origen cuando exista "un riesgo grave y manifiesto" para los menores o en caso de incitación al odio.
Las empresas firmantes alertan de que, sin el principio de país de origen, el contenido de sus programas se verá sujeto al control de terceros, lo que amenazará la libre prestación de servicios y con ello la libertad de elección de los ciudadanos europeos.
La directora ejecutiva del Consejo Europeo de Publicistas, Angela Mills-Wade, indicó en un comunicado que esa exclusión dejaría la puerta abierta a la censura y permitiría a los países escudarse en el interés general para bloquear cualquier contenido procedente de otro Estado.
Los ministros responsables alcanzaron el pasado mes un consenso sobre la normativa, acordando mantener el principio de país de origen e impulsar los contactos entre la empresa y el país en cuestión para resolver los conflictos que se pudieran plantear.
No obstante, la aprobación de la Directiva requiere un acuerdo entre el Consejo y el Parlamento Europeo, lo que se prevé ocurra en el primer semestre de 2007. EFECOM
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