Congreso aprueba reforma con más ayudas contratos discapacitados
Madrid, 13 nov (EFECOM).- La Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales del Congreso aprobó hoy el proyecto de ley de la reforma laboral, en el que se han introducido mayores incentivos para la contratación de los discapacitados, que habían salido perjudicados con el texto pactado por el Gobierno y los agentes sociales en mayo.
Una enmienda aprobada por todos los grupos parlamentarios eleva de 3.000 a 4.500 euros anuales las bonificaciones para los contratos indefinidos de personas con discapacidad y de 3.200 a 4.800 euros anuales para la contratación indefinida de los discapacitados con especiales dificultades para acceder al mercado laboral (por ejemplo, enfermos mentales o personas con parálisis cerebral).
La enmienda, además, introduce incentivos adicionales en el caso de mujeres y mayores de 45 años en situación de discapacidad.
Esta modificación resarce a los discapacitados de los perjuicios que dijeron sufrir con el acuerdo inicial, que sustituía el actual sistema de bonificaciones porcentuales por cantidades fijas, por lo que sólo se fomentaba la contratación con salarios bajos.
El texto de la reforma salido de la ponencia y aprobado por el PSOE, PP, CIU y ERC, con la abstención de PNV, IU y Grupo Mixto, mejora también las ayudas a los centros especiales de empleo, que tendrán bonificaciones del 100 por cien de las cotizaciones de los trabajadores discapacitados que contraten, en vez de las cuantías fijas establecidas inicialmente.
Además otra enmienda consensuada por todos los grupos compromete al Gobierno a que, en el plazo de seis meses desde que se apruebe el proyecto -que ahora pasa al Senado-, regule el régimen de las empresas de inserción, previa consulta con los agentes sociales y con este tipo de sociedades, dedicadas a favorecer la colocación de indigentes y personas excluidas socialmente.
El Ejecutivo también deberá presentar en el plazo de 9 meses medidas encaminadas a regular fórmulas de contratación que optimicen la transición de los jóvenes al mercado de trabajo, una condición que exigía ERC para apoyar la reforma laboral.
La reforma laboral, que entró en vigor el pasado 1 de julio, contempla un paquete de medidas para reducir la temporalidad, entre los que destaca un plan extraordinario de bonificaciones para la firma de contratos indefinidos y la transformación de contratos temporales en fijos.
Además, limita el encadenamiento de contratos temporales a 24 meses, dentro de un período de 30 meses e impulsa la contratación indefinida de trabajadores temporales a través del contrato de fomento del empleo (con un despido de 33 días por año trabajado, en vez de 45 días).
El portavoz socialista en la Comisión, Jesús Membrado, destacó el objetivo de reducción de la temporalidad que establece la reforma laboral, la segunda de las 10 acordadas desde la transición española en obtener un acuerdo del Gobierno y los agentes sociales.
"No hay nada que no esté en estos momentos contaminado por la temporalidad", declaró Membrado, que hizo hincapié en que se haya impulsado la reforma laboral en una "situación buena" de la economía.
Sin embargo, el diputado del PP José Eugenio Azpiroz criticó que la reforma es "limitada, reducida en su ámbito, escasa e insuficiente" y señaló que "los datos hacer pensar que el objetivo fundamental, la reducción de la temporalidad, no se está haciendo con el grado de eficacia que cupiera esperar".
Azpiroz, que no consiguió que saliera adelante la enmienda pactada con CIU para la actualización de las bonificaciones a la contratación indefinida conforme al IPC, otorgó el apoyo de su grupo al texto de la reforma por ser el resultado de un pacto entre el Gobierno y los sindicatos.
El portavoz de IU en la Comisión, Gaspar Llamazares, lamentó que la reforma carezca de "objetivos más ambiciosos", lo que achacó a la "falta de compromiso del Gobierno" y a que la patronal ha mostrado "mucho conservadurismo".
Para el diputado de CIU Carles Campuzano, la reforma también es "insuficiente en las cuestiones de fondo", lo que obligará a que "más tarde o más pronto tengamos que volver a hacer reformas para conseguir los objetivos" de flexibilidad en la contratación de las empresas y mayor calidad de empleo para los trabajadores.
El diputado del PNV Emilio Olabarria consiguió que se aprobara la enmienda que había propuesto para condonar a las sociedades laborales y cooperativas de trabajo las deudas que mantienen con el FOGASA, siempre que se reviertan íntegramente en estas empresas como capital social. EFECOM
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