Así repartirán el Gobierno y las autonomías los fondos de la UE para 400 depuradoras

El Consejo de Ministros permitirá captar una inversión de 1.000 millones de euros que se destinará a construir unas 400 depuradoras, lo que redundará en la mejora de la calidad de las aguas superficiales y subterráneas.

La piedra angular de los planes del Gobierno para la inversión en depuración son las subvenciones que se concederán a cuenta del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) durante el período 2014-2020, cuya negociación está a punto de terminar en Bruselas.

En total, a España le corresponden 19.393 millones del Feder, condicionados a que se destinen a ámbitos específicos -"objetivos temáticos" en la jerga comunitaria- y a que se obtengan resultados.

El Objetivo Temático 6 del Feder, Conservar y Proteger el Medio Ambiente y Promover la Eficiencia de los Recursos, cuenta con una dotación de 1.700 millones, de los cuales 700 millones tendrán que destinarse exclusivamente a la depuración de aguas residuales y serán gestionados directamente por el Ministerio de Agricultura. Los restantes 1.000 millones serán gestionados por las comunidades autónomas, pero no necesariamente tienen que ir destinados al agua; su finalidad debe ser negociada entre ellas, la Administración central y Bruselas.

En el sector del agua se cree que hay muchas posibilidad de que buena parte de este dinero también acabe sufragando infraestructuras de saneamiento y depuración. Por lo tanto, es muy posible que la inversión final en agua sea superior a los 1.000 millones planteados por el Gobierno; sólo con los 700 millones para subvenciones que dependen del Magrama se augura que la inversión final, tras la aportación privada, ronde los 1.400 millones.

La cantidad que pueda captarse gracias a las ayudas que gestionen las comunidades autónomas dependerá de los proyectos concretos que se aprueben. Por esta razón, es previsible que las empresas comiencen pronto a visitar las dependencias de las administraciones locales para presentarles sus propuestas.

Aunque el Gobierno ha anunciado el monto de las inversiones en agua dentro de un Plan para impulsar el crecimiento del país, éstas son imprescindibles para cumplir con las exigencias europeas en materia de depuración, área en la que España está muy retrasada: hay una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo y dos procedimientos de infracción en curso por ello.

La sentencia castiga el hecho de que hubiera 38 poblaciones mayores de 15.000 habitantes sin infraestructuras de depuración adecuadas, entre las que hay alguna tan importante como Santiago de Compostela. La multa establecida por el Tribunal tiene una parte fija, de 7,4 millones de euros anuales, y otra parte variable, que oscila entre los 3 y los 186 millones al año, en función de la gravedad y la duración del incumplimiento, así como la capacidad de pago.

El número de ciudades incumplidoras ya se ha reducido a una veintena desde que los jueces fallasen, pero sin cumplir con lo establecido.