Los barones socialistas piden al líder socialista que retrase las generales más allá de las autonómicas Un año después de reconquistar su despacho en la sede socialista de Ferraz, Pedro Sánchez ha conseguido lo que parecía un imposible: poner fin a la era Rajoy y llegar al Palacio de la Moncloa . Desde este lunes gobernará en solitario, respaldado solo en 84 diputados propios, el menor apoyo parlamentario de la democracia. Para sumar los 176 escaños necesarios para llegar a la mayoría absoluta, Sánchez -que no podrá votar ninguna iniciativa parlamentaria- necesita 92 diputados, más de los que tiene, algo inédito en el Parlamento español. La aritmética de la Cámara Baja apunta por tanto a que el nuevo presidente no tendrá más remedio que suavizar sus propuestas económicas y renunciar a las grandes reformas de su programa, ya que tendrá que gobernar con los Presupuestos del PP, pactados con Ciudadanos y con el PNV, y seguirá sometido al Plan de Estabilidad de la UE. La prioridad, más allá de la articulación del 155 en Cataluña y de la inminente aprobación del techo de gasto, estará en la agenda social, con varios objetivos ya marcados en el horizonte: blindar la dependencia, garantizar la igualdad salarial, mejorar el salario mínimo, cumplir con los pensionistas, devolver la universalidad a la sanidad pública y elevar la cobertura de los desempleados, además de establecer un plan de rescate para los jóvenes y parados de larga duración. Qué reformas acometa y de qué calado dependerá en buena medida de cuánto dure su legislatura. En ese sentido, fuentes socialistas apuntaron que algunos barones ya habrían pedido a Sánchez que evite hacer coincidir las generales con las próximas elecciones autonómicas y municipales, lo que retrasaría la convocatoria de urnas a después del verano de 2019. Garantizar por ley la igualdad salarial El pasado febrero, el Partido Socialista presentó una proposición de Ley de Igualdad Salarial que incluirá sanciones de hasta el 1,3 por ciento de la masa salarial a las empresas que paguen menos a las mujeres que a sus compañeros varones por el mismo puesto de trabajo y que incumplan la obligación de realizar auditorías para atajar esta discriminación. La medida es, a priori, una de las más fácilmente aplicables en la era Sánchez. Le permitiría acercarse a Podemos, que presentó su propia propuesta de ley en este sentido, y sería de fácil consenso en el arco parlamentario. De hecho, la ya ex ministra de Empleo, Fátima Báñez, lleva desde el pasado mes de noviembre trabajando en un borrador contra la brecha salarial, una ley inédita hasta ahora en España y cuya medalla se colgarán finalmente los socialistas. El nuevo Ejecutivo sanchista planteará también un "pacto de rentas" con sindicatos y CEOE para acabar con los trabajadores pobres, y quiere establecer un ingreso mínimo vital para las familias en riesgo de exclusión social. Más protección al desempleo La hoja de ruta social de Sánchez incluye reformar el sistema de protección por desempleo para extender la cobertura a los trabajadores y trabajadoras al servicio del hogar familiar; mejorar los subsidios asistenciales, especialmente en mayores de 52 años, y reconocer a los fijos discontinuos el acceso al subsidio de más de 52 años. Respecto de los subsidios se establece que la cuantía será del cien por cien del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), cuantía que se eleva en todos los subsidios al 127 por ciento cuando haya cargas familiares. Además de "fortalecer la protección a los parados y replantear las política activas de empleo, en especial de los incentivos al empleo, traspasándolos a otras políticas activas con mejores rendimientos sin necesidad de incrementar el gasto. La Cámara ya cuenta con una ley en marcha en este sentido, respaldada precisamente hace solo una semana por Podemos y PSOE y con la abstención de Ciudadanos y PNV. Se prevé, por tanto, que se ejecute sin mayores problemas. El inminente techo de gasto de 2019 Entre las prioridades, Sánchez sobre todo tendrá que sacar un techo de gasto del proyecto de ley de Presupuestos para 2019 nada más llegar al poder, porque en la última semana de junio tiene que estar aprobado. De hecho, su intención es tratar de pactar incluso los Presupuestos Generales del Estado del 2019, pero para ello tendrá que negociar con los independentistas vascos y catalanes, Bildu, Unidos Podemos, Compromís y Nueva Canarias. Y aquí estará su primer gran escollo, ya que si quiere bajar el déficit al 1,3 por ciento del PIB debe aplicar un ajuste importante para el que no parece fácil contar con Unidos Podemos, su principal socio parlamentario en estos momentos. Exprimir la geometría parlamentaria El que será desde este lunes nuevo partido de Gobierno deberá llevar al extremo la geometría parlamentaria. Por eso el entorno socialista admite que lo más realista es centrarse en sacar adelante medidas que no impliquen fuertes aumentos de gasto, ya que el nuevo Gobierno sigue sometido a la ley de estabilidad presupuestaria y al cumplimiento del objetivo del déficit, tal y como Sánchez ha recordado en sus intervenciones durante el pasado debate de moción de censura. Aún así, todo lo que suponga más expendio público, por pequeño que sea, tendrá que ser compensado por la vía del ahorro y de los ingresos. Aunque desde el PSOE no quieren concretar por dónde podría venir ese ajuste fiscal, la lucha contra el fraude fiscal y la subida fiscal a las rentas más altas y del capital encajan con el adn del socialismo de Pedro Sánchez. También es conocida su propuesta de establecer un mínimo del 15 por ciento en el impuesto de Sociedades e impulsar una fiscalidad ambiental que se acerque a los estándares europeos.