El ministro cree que la marcha de 800 firmas de Cataluña "es un aperitivo" de lo que sucedería con el plan secesionistaEl ministro de Economía, Luis de Guindos, recibió ayer el respaldo de la Cámara Baja al decreto que aprobó el pasado viernes el Consejo de Ministros y que permite a las empresas cambiar su domicilio social solo con el visto bueno de sus consejos de administración. El PP, Ciudadanos y el PSOE unieron sus votos para darle una mayoría rotunda a la norma, que ha agilizado la salida de casi 800 compañías desde la semana pasada, cuando el Govern de Carles Puigdemont dio por proclamada la independencia para después dejarla en suspenso. Guindos, al principio sereno en la tribuna, fue mucho más duro en sus réplicas a algunos portavoces. Especialmente con Alberto Garzón, de Unidos Podemos, quien antes había sugerido que el Ejecutivo ha presionado al capital privado para significarse contra las políticas de la Generalitat. El ministro le dijo a Garzón que el decreto se aprobó porque muchas empresas trasladaron su preocupación "por la ruptura de la legalidad" en la que viene incurriendo el Govern, y había que propiciarles un marco de estabilidad que no deteriorase adicionalmente su situación. En este sentido, y ya en los pasillos del Congreso, el titular de Economía dejó claro que CaixaBank y Sabadell, los dos grandes bancos que han desplazado su domicilio social fuera de Cataluña, "han recibido una entrada neta de depósitos en los últimos cinco o seis días". Es, a su juicio, un hecho que demuestra que el Gobierno, con el correspondiente respaldo de otros partidos, está tratando de evitar "el suicidio económico" que pretenden Carles Puigdemont y su equipo de Gobierno. Más grave si cabe cuando Cataluña llegó al verano creciendo a un ritmo superior al del conjunto de España. No habrá 'corralito' Durante la defensa del decreto, el titular de Economía manifestó que la salida de casi 800 firmas de Cataluña "es un aperitivo" de lo que podría suceder en caso de que la independencia, "que el Gobierno no va a permitir", prosperase. "El empobrecimiento de Cataluña sería brutal", manifestó, dibujando un escenario casi apocalíptico. La comunidad autónoma quedaría fuera del paraguas de la Unión Europea y, para exportar, incluso a otra región española, tendría que pagar aranceles de hasta el 10 por ciento. Un retorno de las fronteras económicas que perjudicaría notablemente a la actividad económica. Además, el euro dejaría de ser la moneda catalana, por lo que la banca perderían su acceso a la ventanilla del Banco Central Europeo y tendría que restringir "brutalmente" la concesión de crédito. Es más: a juicio del ministro, los ahorradores catalanes se apresurarían a proteger su dinero sacándolo de sus depósitos y, motivando, en último término, que los poderes públicos "tuvieran que tomar medidas para limitar la retirada de efectivo", lo que en realidad se conoce como corralito. El último precedente en Europa se produjo en Grecia en 2015, con el Gobierno de Syriza. Y todavía insistió en más males. El futuro Govern se vería con las manos atadas "por una capacidad recaudatoria mermada" que no serviría para hacer frente a los compromisos de gasto en sanidad, educación o servicios básicos. Ahora bien, "el Gobierno no va a permitir que eso suceda", afirmó, dando por hecho que la ley finiquitará "las políticas enloquecidas" de la Generalitat.