Casi 1.000 millones de las cuentas vascas de 2017 penden de las reformas legalesCasi 1.000 millones de euros de las cuentas vascas de 2017 penden de que el Gobierno del Partido Popular tramite en el Congreso la reforma de las leyes de Concierto y Cupo pactadas en julio. PNV y Gobierno vasco no dudan de que se aprobarán, no conciben que se rompa el pacto interinstitucional, pero piden al ministro Cristóbal Montoro que se dé "prisa", pero el ministro no comparte esa urgencia. El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, increpó directamente al ministro Montoro en el pleno del Congreso de control al Gobierno por el retraso en la tramitación de los Proyectos de Ley de reforma del Concierto Económico vasco y nueva Ley de Cupo 2017-2021 en las Cortes, cuando ambos pactos fueron firmados el 19 de julio. Esteban solicitó a Montoro que no sigan las demoras y que el Gobierno tramite esta misma semana los acuerdos insterinstitucionales refrendados hace tres meses. El ministro respondió que el compromiso del Gobierno con dichos acuerdos es "total", pero que no coincide en la necesidad de "urgencia" Montoro recalcó que "no tenemos que sentir una apremiante urgencia, como si se nos hubiera ido el calendario", porque "estarán aprobadas ambas leyes para final de año, que es en el plazo en que nos hemos comprometido desde el principio". Esta laxitud en los plazos molestó a Aitor Esteban, que respondió que "sí hay prisa, así como usted tiene prisa para aprobar unos presupuestos, de la modificación de esas leyes depende que se puedan hacer, de una manera u otra, los presupuestos del País Vasco". Interferencias catalanas Tras este rifirrafe político en el pleno del Congreso, fuentes consultadas en ambas a partes insisten en que el acuerdo sobre los asuntos de fondo es completo y está firmado desde julio y que nadie concibe que tales acuerdos puedan romperse. En su intervención, Montoro aludió al "contexto que estamos viviendo" en relación a la crisis catalana, como argumento de que el foco de interés y los esfuerzos del Gobierno están en estos momentos en otros asuntos y latitudes. Esto denota que las tensiones en Cataluña están influenciando todos los ámbitos, ha retrasado ya la presentación del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 y está tensionando las relaciones entre Madrid y Vitoria, ya que desde Euskadi se está muy atento a una posible reacción exagerada contra el independentismo catalán, ya que la posición del PNV es el diálogo y la negociación. Por ahora, las relaciones entre los Gobiernos vasco y central se mantienen en el plano de fluidez institucional; y las relaciones entre PNV y PP se van enfriando, pero aún no se han congelado. Perjuicios económicos La falta de Presupuestos del Estado para 2018 ya afecta y plantea incertidumbres sobre las inversiones en Euskadi, como el tren de alta velocidad; así como sobre el acuerdo para el cambio de los peajes eléctricos para la industria vasca, que implica una rebaja de la factura de 50 millones; y articular un pacto sobre el reparto de 200 millones de euros anuales de tributación de IVA de Mercedes Benz. Pero, además, los plazos de aprobación de la reforma de las leyes de Concierto y Cupo tienen gran relevancia para Euskadi en 2017: influyen en la previsión de ingresos fiscales; y además determinan en parte la disponibilidad de recursos económicos con los que elaborar los Presupuestos vascos de 2018, tanto del Gobierno vasco, como de las tres Diputaciones Forales y de los 250 Ayuntamientos vascos. En las Cuentas vascas de 2017 hay consignado un ingreso especial por IVA de 600 millones, que si no se aprueban las leyes en plazo se queda sin cobertura legal. Asimismo, los acuerdos establecen una serie de ajustes en las liquidaciones de pago de Cupo vasco al Estado de los ejercicios 2007 a 2016 de 1.400 millones, cuya reversión a Euskadi se va a hacer a plazos en cinco años, por lo que en 2017 tocaba ingresar 140 millones. Además, en la previsión de Cupo Líquido Provisión de 2017, establecido en 1.300 millones, había que incluir un descuento de 225 millones netos por el coste de las Políticas Activas de Empleo. Solamente estos tres factores suman un impacto económico directo en 2017 para Euskadi de 965 millones. Incertidumbre para las pymes Entre los cambios legales pactados, pendientes de ratificarse en el Congreso de los Diputados, se encuentran cuestiones normativas que afectan a la situación fiscal de miles de pequeñas y medianas empresas, cuya facturación sea inferior a 10 millones, ya que definen los criterios que determinan ante qué Administración tributaria han de contribuir en 2017 ejercicios futuros.