Gabriel Ruiz es el máximo responsable de la Asociación de Municipios con Centrales Nucleares y el alcalde de Almonacid de Zorita, la primera localidad en afrontar un cierre nuclear.P ¿Cómo va el cierre? ¿Llegan las ayudas económicas que les prometieron en el Pacto de Zorita?R El Gobierno tenía que haber pensado en las consecuencias de cerrar una instalación como la central de Zorita, que nos consta que funcionaba de una forma segura porque el Consejo de Seguridad Nuclear así lo ha manifestado. Creemos que se ha cerrado por cuestiones más bien políticas pero ahora ya no sirve lamentarse. Cuando se cerró la central, a todo el mundo, incluido al Gobierno, se le llenó la boca con que había que tener una alternativa de desarrollo similar a la del cierre de una mina. Incluso la comunidad autónoma pidió -porque fue la promotora del cierre- que el plan de desarrollo lo pagara el Gobierno central porque era de otro color. Ahora, que son del mismo color, resulta que la Junta ha aportado en el Pacto dos millones de euros y el Gobierno central no ha aportado nada, de momento. Con dos millones de euros para 26 municipios poco desarrollo se puede hacer, pero tenemos que seguir luchando porque hemos conseguido un Pacto donde nos ponemos de acuerdo todas las administraciones. Queremos el desarrollo, pero para conseguirlo hay que poner una financiación y eso es lo que está cojeando del plan.P ¿Cómo va el desmantelamiento de Zorita?R Lo que más nos preocupa es formar a los empleados en aquellas actividades que se van a demandar en el desmantelamiento y también que las empresas sean capaces de ofrecer los servicios necesarios porque trabajo va a haber muchísimo. Queremos que después de 2015 hayamos sido capaces de aprovechar esta oportunidad y podamos tener un tejido de empresas que se hayan instalado aquí o que se hayan podido ampliar. Que, de alguna forma, el cierre no sea catastrófico a partir de 2015 porque, a corto plazo, no notamos los efectos pero luego se notarán de forma tajante.P Entonces, con el actual Gobierno autonómico, ¿ni pensar en el almacén de residuos nucleares?R El Gobierno aprobó la proposición no de ley para hacer un ATC y luego sus mismos parlamentarios, cuando están en sus regiones, están en contra del ATC. Son cosas que no tienen mucho sentido. No tienen ni pies, ni cabeza.Si el Gobierno central ha decidido que hay que hacer un ATC, los que lo hayan votado no quiere decir que lo quieran en sus municipios pero lo que no pueden es hacer una guerra política cada uno yendo en contra de lo que han aprobado mayoritariamente. No tiene sentido. Hay que recolocarse y tener un mensaje en un sitio y el mismo en otro. El que defiendas que haya un ATC no significa que seas el candidato. Para eso hay un proceso que nosotros vigilaremos que se haga con las mayores garantías. No se va a imponer un almacén en ningún sitio donde no se quiera. Eso ya es una garantía de seguridad. Por lo tanto, estos parlamentarios no tienen que involucrar e intoxicar a la población o boicotear las situaciones, simplemente lo único que tienen que hacer es no quererlo para su municipio y ya está.P ¿Los municipios nucleares tienen más papeletas en estos casos?R No tienen por qué. Es cierto que la mentalidad que hay en los entornos nucleares es distinta. La central nuclear está produciendo energía que se ha consumido en toda España por lo tanto no tiene por qué ser obligatoriamente donde se haga el emplazamiento. Ni aprovechando que se ha cerrado una central, ni aprovechando que pudiera haber el cierre de una instalación. Hay un 90 por ciento de los municipios que pueden asumir y contribuir como hemos contribuido otros a la generación de energía. No es una relación directa, aunque en los entornos nucleares no se va a tirar un alcalde que no conoce el tema, como ha ocurrido con Peque, de salir al foro diciendo que quiere el ATC. Eso provoca suspicacias en la operación y fracturas sociales. Tiene que ser un proceso de toma de decisiones en donde se tenga el derecho de poder decir que no quieren la instalación una vez ha participado la población. Por lo tanto, nadie tiene que temer a ese proceso porque tiene el derecho a poder vetarlo. Nosotros hemos pedido a la comisión interministerial, entre otras cosas, que nos explique cómo van a garantizar ese procedimiento para que se mantenga esa garantía y por lo tanto por parte de Amac vamos a estar vigilantes de que se haga conforme a esa filosofía.P ¿Cómo se haría? R Una vez se obtenga la información, que ya la hemos pedido, a través de Amac. Con las comisiones locales de información por nuestra parte y la Comisión Interministerial, podrá hacerse lo mismo en otras zonas.