Guindos advierte a los inversores afectados que el banco había avisado de su estadoEl ministro de Economía, Luis de Guindos, acudió ayer al Congreso a explicar la intervención y venta del Popular en apenas unas horas. Ofreció algún detalle de las causas que llevaron a las autoridades a aplicar la primera resolución bajo las nuevas reglas europeas, pero se dejó en el aire cuestiones planteadas por algunos parlamentarios. Guindos llegó a la Cámara Baja con la intención de dar un único mensaje: que la operación fue un éxito y que en él no se había utilizado ningún tipo de dinero público presente ni futuro tal y como ocurrió en 2012, cuando España tuvo que solicitar a sus socios comunitarios más de 41.000 millones para sanear el sector financiero. Pero, se vio obligado a informar de algunas novedades, como la investigación que ha abierto su ministerio, a través del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) a PwC por su labor desempañada en la entidad para verificar los números del banco. Guindos informó de que este organismo ha pedido explicaciones sobre el ajuste o corrección de las cuentas de 2016 que fueron avaladas por esta compañía en apenas unas semanas, debido a una insuficiencia de provisiones detectada de más de 600 millones tras el cambio de presidencia en la entidad ahora intervenida. No es la primera auditora que se enfrenta a una situación similar. Deloitte, tras la investigación en Bankia, fue multada con 12,3 millones, que posteriormente ha sido recortada a 10,4 millones. El ministro, durante su discurso, afirmó que fue a las 11 de la noche del martes día 5 cuando la junta de resolución única del BCE, órgano europeo encargado, constató la inviabilidad del Popular y tomó la decisión de intervenir y de aplicar la normativa, que obliga en un primer momento a accionistas y tenedores de deuda subordinada y bonos convertibles a sumir pérdidas con el fin de minimizar el impacto de cualquier quiebra bancaria en los contribuyentes. Con las medidas adoptadas, Guindos se felicitó de que más de un millón de hogares españoles, que tenían depositados con menos de 100.000 euros más de 35.400 millones en el Popular, han visto garantizados su dinero desde el primer momento. Si el banco hubiera ido a un concurso de acreedores, estas familias habrían tenido más dificultades para acceder a estos recursos, por lo que "han evitado un trastorno". Debido a este procedimiento, muchos de los accionistas que han perdido todo su inversión son particulares y han comenzado a movilizarse para recuperar el dinero en los tribunales. Sobre ello, Guindos señaló que su situación es distinta a la de otros grupos financieros, en relación a Bankia, ya que en el caso del Popular, a su juicio, en el folleto de información de la ampliación de capital del año pasado advertía de las pérdidas que iba a tener por la necesidad de llevar cabo provisiones. "Había avisos" sobre su estado, pero "nada tenía que ver con Bankia o Catalunya Caixa", señaló. Aún así, consideró que los tribunales son autónomos y determinarán si la información del folleto era suficiente o no. Única opción para el 'zombi' Tal y como ya manifestaron otros organismos implicados, el titular de Economía indicó que lo que detonó la rápida actuación del supervisor fue su falta de liquidez. El martes a las 15.00 horas, el Popular -al que calificó de "zombi"- se había quedado sin posibilidades ni recursos para poder acceder a las líneas extraordinarias de fondos del BCE por la salida de depósitos, por lo que de no haber intervenido, no podría haber abierto sus sucursales. "Esa era la alternativa", sentenció. Y, relató que el miércoles, una vez adquirido por el Santander, "no hubo salida de dinero". La agilidad en adoptar las medidas, que permite la legislación, también fue necesaria porque la intervención se produjo un día entre semana por las dificultades que atravesaba el banco y que tuvo que acelerarse. De hecho, reconoció que las autoridades europeas ya estaban preocupadas por la situación de la entidad desde mediados de mayo, cuando contrataron un experto independiente para que realizara una valoración y un test de estrés, cuyos resultados cifraban el déficit de capital de hasta 8.200 millones en el peor escenario. En repetidas ocasiones defendió su posición y rechazó cualquier tipo de responsabilidad de él o su Ministerio en la crisis del Popular, porque son, sobre todo, los gestores de la entidad y los supervisores quienes adoptan las decisiones. "En Economía no tenemos esas capacidades ni contamos en las entidades con inspectores", dijo antes de señalar que todos los mensajes que él ha podido decir en los últimos meses sobre la solvencia del banco eran los mismos que le trasladaban los reguladores. Además, negó presiones o contactos para su venta antes de la resolución.