Andreu sienta en el banquillo al socio de Deloitte, pero archiva la causa penal contra la auditoraEl magistrado de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, sentará en el banquillo a toda la excúpula de Bankia y de su principal accionista, BFA, por la salida a bolsa de la entidad en julio de 2011, que se saldó con un rescate bancario de 23.500 millones de euros. El juez comunicó ayer el fin de la instrucción de la causa tras cinco años desde la admisión de la primera querella y dio un plazo de un mes a las partes personadas para aceptar la apertura de juicio oral contra los 32 personas investigadas más Bankia y BFA o pedir el sobreseimiento. Entre los procesados están el expresidente de Caja Madrid y Bankia, Rodrigo Rato; el expresidente de Bancaja y exvicepresidente de Bankia, José Luis Olivas; el exdirector financiero, Ildefonso Sánchez Barcoj; o los exconsejeros Javier López Madrid (consejero delegado del Grupo Villar Mir), Arturo Fernández (expresidente de la patronal madrileña CEIM) o el socio auditor de Deloitte en Bankia, Francisco Celma. Entre los antiguos miembros del consejo de administración de la entidad financiera procesados también destacan el exministro de Interior, Ángel Acebes, y los exsecretario de Estado de Hacienda, José Manuel Fernández Norniella y Estanislao Rodríguez Ponga. El juez Andreu imputa asímismo a todos los acusados el presunto delito de falsedad en las cuentas anuales de Bankia y de BFA en los ejercicios previos a su salida a bolsa y el posible de fraude a los inversores por incluir datos falsos en el folleto informativo para el salto al parqué. Penas de prisión Los delitos que se imputa a la antigua cúpula de Bankia están castigados con penas de prisión que pueden llegar a sumar hasta 7 años. En su auto, el magistrado recuerda que, según el artículo 290 del Código Penal, "los administradores (…) que falsearan las cuentas anuales y otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad, de forma idónea para causar un perjuicio económico a la misma, a alguno de sus socios o a un tercero, serán castigados con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses". Del mismo modo, y según el artículo 282, los responsables de una sociedad emisora de valores negociados "que falsearan la información económico-financiera contenida en los folletos de emisión (…) serán castigados con la pena de presión de uno a cuatro años". No obstante, habrá que esperar al escrito de la Fiscalía y las peticiones de la acusación que encabeza la Confederación Intersindical del Crédito. Todo ello, teniendo en cuenta que las penas podrían agravarse si se considera que ha habido un delito continuado. Respecto a la salida a bolsa, el juez recuerda que los peritos que realizaron el primer informe tras el inicio de instrucción ya dijeron que el folleto informativo advertía de tal cantidad de riesgos que ni los inversores minoristas podrían "asumir semejante lista, ni entender las complejidades", ni los trabajadores de la red de Bankia hubieran tenido tiempo para explicárselos. En suma, consideraron que el folleto pretendía más protegerse de futuras reclamaciones que informar a los inversores. Reparto de remuneraciones El magistrado Fernando Andreu critica en su auto el hecho de que Bankia recibiera en junio de 2010 hasta 4.465 millones de euros de ayuda pública por parte del Frob para financiar el proceso de la integración de cajas "no impidió" a Bankia repartir más de 9 millones de euros entre enero y noviembre de 2011 en remuneraciones. "Destaca la de su presidente, el señor Rato, con 2.184.000 euros o el caso de don Manuel Lagares, elegido director general de BFA a mediados de septiembre de 2011, que cobró en apenas dos meses y medio de trabajo, 185.000 euros", matiza el juez. El escrito critica también el avance de resultados de 2010 que remitió BFA a la CNMV, en el que destacaba su adecuado nivel de solvencia y provisiones. "Luego, al hablar del rescate de la entidad, comprenderemos la falsedad de dicha supuesta solvencia y el hipotético ejercicio realizado en orden a anticipar pérdidas futuras y sobrellevar escenarios de estrés", reprocha el magistrado. Andreu ha archivado la causa contra Deloitte, firma auditora de los resultados de Bankia del 31 de marzo de 2011 y que sirvieron de base para la salida a bolsa, al considerar responsable de la auditoría a Francisco Celma, el socio que firmó las cuentas. El juez, sin embargo, obliga a la auditora a permecer como parte del proceso en calidad de responsabilidad civil para responder de forma solidaria. El juez exculpa también a la cúpula del Banco de España y de la CNMV, al considerar que "la conducta tipificada en nuestro ordenamiento no es otra que la del falseamiento de los estados financieros, y no el hecho de acordar, o autorizar, que una determinada sociedad realiza una Oferta Pública de Suscripción con el fin de salir a bolsa". Así, exculpa los exinspectores del Banco de España Pedro Comín y Pedro González, al exdirector general de Supervisión, Mariano Herrera García-Canturri, al de Regulación Jerónimo Martínez Tello, al exsubgobernador Javier Aríztegui y al exgobernador, Miguel Ángel Fernández Ordoñez, así como al expresidente y al vicepresidente de la CNMV, Julio Segura y Fernando Restoy, respectivamente.