Los agentes también entran en Licuas, de Joaquín Molpeceres, y Saerco, de Ildefonso de MiguelIgnacio González declara hoy ante el magistrado por el presunto desfalco de la empresa del aguaLos agentes de la Guardia Civil entraron ayer a la sede de OHL, Indra y PwC, y el pasado miércoles, a la de Urbaser, para solicitar información que revelen presuntos pagos irregulares para financiar al PP madrileño. Las entradas se realizaron en el marco de la operación Lezo, instruida por el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, y por la que se detuvo el pasado miércoles al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, acusado de supuesto desvío de fondos del Canal de Isabel II en beneficio propio. La investigación de OHL se focaliza en el contrato que la Comunidad de Madrid adjudicó a la compañía en el año 2007 para el tren de cercanías que debía cubrir el tramo Móstoles-Navalcarnero, según confirman fuentes cercanas a la investigación a este diario. Sin embargo, fue un contrato fallido que ha acabado con la filial de OHL que lo gestionaba, Cemonasa, en concurso de acreedores, y, finalmente, ha entrado en liquidación. Cemonasa, según las mismas fuentes, presentó al Ejecutivo madrileño en 2015 una reclamación de resolución del contrato por incumplimiento, pero tras la inactividad del Gobierno regional, la compañía recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y reclama a la Comunidad de Madrid un total de 370 millones: 320 millones de inversión y 50 millones por daños y perjuicios. Por el momento, el auto del juez Velasco reconoce que el expediente de contratación del tren de Navalcarnero aún no ha sido requerido ni analizado. Por su parte, OHL asegura que nunca ha pagado ninguna comisión a ningún partido político, presta máxima colaboración a las autoridades y recuerda que nunca ha sido condenada por corrupción. "Cualquier proceso de licitación, adjudicación y contratación se realiza con total transparencia y sujeción a la ley y a los estándares de buen gobierno corporativo", asevera. Lazos con 'Púnica' La Guardia Civil también se personó ayer en la sede de PwC para pedir documentación en relación con los trabajos que realizaron para la empresa de informática de la Comunidad de Madrid (ICM), cuyo responsable durante la etapa de Ignacio González era José Martínez Nicolás, investigado en la operación Púnica. De hecho, las nuevas investigaciones de la trama Lezo entroncan directamente con las de la operación Púnica, puesto que muchos de los registros que se están realizando en estos días se hacen a raíz de las anotaciones de supuestos pagos de empresas al PP de Madrid, que los investigadores encontraron en una agenda que le fue incautada a Francisco Granados, considerado cabecilla de la trama. Otros cinco agentes de la Guardia Civil entraron en la sede de Indra y tuvieron acceso a los sistemas centrales de la empresa. Sin embargo, fuentes de la compañía aseguran que desconocen los motivos por los que se les solicitaba la información. El sumario de Púnica reveló que el exdirector general de Estrategia e Innovación de Indra, Santiago Roura, fue presuntamente el encargado de pagar en negro 10.000 euros que la Comunidad de Madrid debía al también investigado en la trama, Alejandro de Pedro, dueño de la empresa de reputación online Eico. La firma Urbaser fue registrada el pasado miércoles, el mismo día que salió a la luz la operación Lezo. Urbaser perteneció al grupo ACS, presidido por Florentino Pérez, hasta el pasado mes de diciembre, que se vendió al gigante de residuos chino Tianying. Este diario ha intentado ponerse en contacto con Urbaser, sin obtener respuesta. La Guardia Civil incautó asímismo documentos de la empresa Auditel. La investigación se ha centrado también en la compañía Licuas, del empresario Joaquín Molpeceres, quien ya fue investigado en el caso Bárcenas por supuestos pagos al Partido Popular. Además, la Guardia Civil buscó información el pasado miércoles en la firma Saerco, de Ildefonso de Miguel, que fue gerente del Canal de Isabel II, en la fecha en la que González presidía la firma pública. Comparecencia ante el juez Ignacio González declara hoy ante el magistrado Eloy Velasco, tras pasar dos noches en un calabozo de seis metros cuadrados con vídeo-vigilancia en Tres Cantos (Madrid). El expresidente autonómico ha estado acompañado continuamente por su abogado, quien ha abandonado la Comandancia de la Guardia Civil a última hora de la noche y ha regresado a primera hora de la mañana. Además de González, entre los detenidos también se encuentra su hermano Pablo, directivo de Mercasa; su cuñado, José Juan Caballero; el expresidente ejecutivo de la Empresa Interamericana de Aguas y Servicios (Inassa), Edmundo Rodríguez Sobrino; su secretaria, Clarisa Guerra; la exdirectora financiera del Canal de Isabel II, María Fernanda Richmond, y el exdirector general de la compañía pública del agua hasta mediados de 2016, Adrián Martín. Todos optaron por celdas individuales.