Nadal tiene un plazo de seis meses para pronunciarse sobre la central burgalesaNuclenor ha gastado 300 millones desde 2012 para pugnar por la reapertura de la plantaEndesa e Iberdrola tendrán que decidir si invierten 170 millones para cumplir con las exigencias impuestas por el Consejo de Seguridad Nuclear para poder reabrir la central nuclear de Garoña. La intención del organismo es reforzar sus medidas de seguridad, así como cumplir con algunos de los cambios que ha tenido que ir adoptando el sector tras el accidente de Fukushima. Ambas compañías decidieron cerrar la central burgalesa en diciembre de 2012 por la creación de nuevos impuestos. Las eléctricas justificaron la decisión de cierre en que el Ministerio de Industria, encabezado entonces por Miguel Sebastián, apostaba por las tecnologías más caras de generación como las solares, que costaban entonces hasta 460 euros/MWh, pero en mayo de 2014 tras un cambio normativo, Nuclenor pudo volver a solicitar la licencia de operación. Desde 2012 hasta la fecha, las eléctricas han hecho frente a un coste cercano a los 300 millones de euros para mantener vivas las posibilidades de reconectar esta planta. Ambas compañías tendrán que esperar ahora al pronunciamiento del Ministerio de Energía para tomar una decisión definitiva sobre el futuro de esta central, pero el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha ligado la decisión definitiva a las reuniones que mantendrá tanto con comunidades autónomas, empresas y ecologistas y ligará en cualquier caso su autorización al cumplimiento de las condiciones impuestas por parte del Consejo de Seguridad Nuclear. El Ministerio dispone de un plazo de seis meses para pronunciarse sobre Garoña, pero el compromiso político del Gobierno parece claro, puesto que fue el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien dentro de la campaña electoral de su primera legislatura pidió la reapertura de esta central, que incluso llegó a visitar. Las eléctricas mantienen en este momento una posición ambigua sobre el futuro de la misma. Por un lado, Endesa parece más propicia a la reapertura, mientras que Iberdrola, por contra, anunció en abril del año pasado al sindicato ELA su intención de cerrarla. Posteriormente, Nuclenor aseguró que no había una decisión tomada al respecto y ayer no se pronunció sobre la decisión del Consejo, ya que las empresas aseguraban desconocer el contenido de las exigencias del CSN. La decisión del CSN generó la airada reacción de ecologistas y del Gobierno vasco que se oponen a la reapertura, mientras que recibió el aplauso del Gobierno de Castilla y León. Nuclenor acumulaba 106 millones de euros para el desmantelamiento de la central y la parte que le corresponde por su 2 por ciento en Trillo. Estas tareas comenzaron a realizarse pero la empresa dejó siempre la puerta abierta a que las medidas fueran reversibles. La provisión de Nuclenor para estas labores se realizó en buena parte en el ejercicio 2014, en el que la sociedad acabó registrando unas pérdidas de 112 millones de euros. La planificación del sector eléctrico 2015-2020 contaba con la reapertura de Garoña en 2016. La central ha generado más de 133.000 millones de kilovatios hora desde su puesta en marcha hasta finales de 2012 y representaba cerca del 2,5 por ciento de la energía generada. La decisión sobre Nuclenor abre las puertas a un incremento de la vida útil de las centrales nucleares hasta los 60 años. Las plantas de Almaraz y Vandellós tienen que renovar sus autorizaciones en 2020; Ascó y Cofrentes en 2021 y Trillo en 2024, aunque sólo Almaraz está cerca de esos 40 años de vida.