Los directivos del sector ven en la recuperación de la economía española una oportunidad para atraer inversiones y crecer de una forma sostenida en un mercado farmacéutico como el español, el quinto en volumen de ventas dentro de la Unión Europea. La Sanidad española ofrece muchas ventajas en términos de tamaño, acceso y financiación de la innovación, conocimiento y nivel científico de sus profesionales e, incluso, -quién lo diría hace unos años- agilidad administrativa a la hora de aprobar ensayos clínicos en los centros y hospitales del SNS, así como nuevas garantías en los pagos después de que los retrasos en los abonos hasta 2012 se convirtieran en norma y una auténtica losa para muchas farmacéuticas. Bien es cierto que también plantea desafíos en forma de gestión autonómica, que exige cintura, adaptación y capacidad de negociación por parte de los directivos. Después de más de un año de interinidad política, que ha brindado cierta estabilidad normativa a las compañías, ya que las regiones han seguido regulando e introduciendo variantes en la política farmacéutica, el sector confía en que el Gobierno mantenga el rumbo y renueve el Protocolo de Colaboración firmado con los Ministerios de Sanidad y de Hacienda en 2015. Una herramienta con la que la industria pretende generar certidumbre regulatoria y alcanzar el difícil equilibrio de “acompasar el crecimiento del gasto en medicamentos al PIB”, como sostiene Jesús Acebillo, presidente de Farmaindustria y de Novartis en España. Si los directivos del sector se asoman al exterior, quizás encuentren niveles de incertidumbre más altos y bases económicas menos sólidas que las que ofrece en estos momentos la economía y la política española, a pesar de todo. De ahí la importancia de que la política fiscal del Gobierno no castigue a unas empresas que están elevando ahora de nuevo sus tasas de inversión en investigación, producción y empleo, después de atravesar su peor momento durante la crisis con los duros recortes en el gasto público. Bien es cierto que ni la Sanidad española ni la del resto de países han resuelto el problema de acceso al mercado y financiación de la innovación, ni tan siquiera se ha definido todavía cómo medir el valor real de los nuevos tratamientos que se están lanzando al mercado y que seguirán presionando los presupuestos autonómicos. De la respuesta que ofrezca el Gobierno y el SNS a través del futuro real decreto de precios y financiación dependerá en buena medida que las farmacéuticas sigan apostando por España e invirtiendo en el futuro en un contexto internacional que está cambiando a gran velocidad. Si la solución aplicada finalmente permite seguir parcelando el mercado en 17 comunidades autónomas, con sus peajes en forma de comités de evaluación regionales, España podría estar desaprovechando una oportunidad histórica para convertirse en un mercado de referencia mundial.